A casi un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela, el saldo de muertos supera las 5.300 personas, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El epicentro de los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejó un rastro de destrucción en ciudades como Caracas y Maracay. Mientras se calculan más de 850 edificios afectados y 190 colapsados, las autoridades enfrentan la tarea de abordar una crisis humanitaria que se prolonga días tras días.

El gobierno venezolano ha iniciado la entrega de viviendas a 240 familias afectadas, pero el desafío principal sigue siendo la identificación de las víctimas. La administración convocó a la toma voluntaria de muestras de ADN para reconstruir las identidades de los fallecidos, un proceso complicado por la falta de registros oficiales. La web ciudadana «Desaparecidos Terremoto Venezuela» registra a 29.500 personas con paradero desconocido, aunque cifras no confirmadas sugieren que el número podría duplicarse, alcanzando 50.000.

Las familias de los desaparecidos enfrentan una incertidumbre que se profundiza con cada jornada. En el cementerio municipal de La Guaira, víctimas sin identificar son enterradas en fosas recientemente abiertas, un símbolo de la desesperación que vive la población. Por otro lado, el PNUD y el gobierno estiman que hay 2.106.000 toneladas de escombros, un volumen que complica la labores de rescate y reconstrucción. La falta de infraestructura y recursos ha exacerbado la crisis, al tiempo que la población reclama respuestas concretas.

Aunque el balance oficial refleja un esfuerzo por contar las víctimas, las cifras no detallan el impacto real en comunidades vulnerables. Muchas familias viven en campamentos transitorios, donde la escasez de agua, alimentos y servicios básicos persiste. La falta de un registro gubernamental de desaparecidos deja en la incertidumbre a miles de personas, cuya búsqueda sigue sin tener una prioridad clara. La tragedia ha revelado grietas en la organización estatal, mientras la sociedad espera que las autoridades cumplan con su rol de salvaguardar la vida de los afectados.

La identificación de las víctimas sigue siendo un reto complejo, mientras que el gobierno enfrenta críticas por la lenta respuesta a la crisis. La falta de información sobre desaparecidos y la improvisación en la gestión de escombros marcan una situación que demanda mayor transparencia y coordinación.