Crítica al proyecto de ley como «desproporcionado»

Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, rechazó el proyecto de ley que busca sancionar las falsas denuncias como una medida «desproporcionada» y «basada en percepciones». En declaraciones este sábado, aseguró que el Código Penal ya contempla la penalización de este delito en su artículo 245, lo que, según ella, «no requiere modificaciones ni ampliaciones». La abogada destacó que los cambios legislativos deben fundamentarse en datos concretos que demuestren la insuficiencia de la normativa vigente, un requisito que, a su juicio, no se cumple en el proyecto en discusión.

Dudas sobre categorías jurídicas imprecisas

García señaló que el proyecto recurre a términos vagos como «hechos delictivos dolosos graves», sin establecer criterios objetivos para definir su gravedad. «En derecho penal, la precisión es una garantía para la ciudadanía, no solo un formalismo», enfatizó. La presidenta del Colegio Público argumentó que el principio de legalidad exige que las conductas penales estén descritas con claridad para evitar arbitrariedades. Para ella, la falta de definiciones concretas en el proyecto podría generar interpretaciones que «desvirtúen el propósito de la ley y generen inseguridad jurídica».

Datos oficiales refutan necesidad de reforma

Según el Relevamiento Federal sobre Falsas Denuncias del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, las denuncias falsas representan el 0,09 por ciento de las 8,2 millones de investigaciones penales realizadas en 17 jurisdicciones entre 2023 y 2025. Solo el 8 por ciento de esas denuncias se vincula con violencia de género o intrafamiliar. García explicó que esos datos, aunque no invalidan la existencia del fenómeno, «muestran que no es un problema masivo que justifique una reforma penal de esta naturaleza». La abogada advirtió que «exagerar su impacto podría llevar a soluciones que no resuelvan la problemática real».

La crítica de los abogados porteños resalta la importancia de evitar reformas legislativas basadas en percepciones, no en evidencia. La discusión sobre el proyecto de ley refleja un debate entre la necesidad de garantizar justicia y prevenir abusos, en un contexto donde los datos oficiales cuestionan la urgencia de cambios masivos.