La Argentina sigue sin definir una política clara para los biocombustibles, un tema que atraviesa décadas de debate. La Ley 27.640, vigente desde 2021, establece un 7,5% de biodiésel obligatorio en el gasoil, pero en la práctica apenas supera el 6%. En 2023, incluso se registraron cortes menores al 4%, lo que muestra una falta de cumplimiento efectivo.

El bioetanol, por su parte, requiere un 12% en la gasolina, dividido entre caña de azúcar y maíz. Sin embargo, la dependencia de sectores petroleros ha generado fluctuaciones. En 2021, el gobierno redujo el biodiésel al 5%, solo para volver a elevarlo al 7,5% un año después, durante una crisis de abastecimiento. Esta inconsistencia refleja la influencia de actores económicos tradicionales.

Claudio Molina, experto en el tema, explica que la falta de una política de Estado es el principal obstáculo. «Los fundamentos existen, pero en la práctica, los intereses de la refinación petrolera dominan», afirma. Esta dinámica ha retrasado avances significativos, mientras países como Estados Unidos, Brasil y Paraguay avanzan hacia modelos que combinan sostenibilidad y desarrollo.

Para evitar que Argentina se quede atrás, se necesita un esfuerzo colectivo que priorice los biocombustibles no solo como alternativa ambiental, sino como herramienta para fortalecer la salud pública y crear empleo. La falta de definición política continúa frenando un camino que podría beneficiar al país.