En la primera jornada de la 138° Exposición Rural de Palermo, un grupo de líderes del sector privado y sindicalistas reafirmó su demanda de un plan estructurado para la inversión en infraestructura. El Consejo de Políticas de Infra, en su quinta reunión anual, congregó a figuras como Nicolás Pino (SRA), Francisco Gismondi (Adeba) y Gerardo Martínez (Uocra), quienes coincidieron en que la construcción de una red eficiente es clave para la competitividad del país. Pino abrió el debate señalando que «el mundo demanda producción y la infraestructura es el pilar para coordinarla».

El debate giró en torno a la necesidad de superar estudios teóricos y avanzar en proyectos concretos. Tomás Palazón, coordinador del Comité de Caminos Rurales de la SRA, criticó que «hace 100 años que estudiamos qué hay que hacer» y subrayó que «falta menos diagnóstico y más hechos». En paralelo, Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) presentó datos reveladores: para alcanzar una infraestructura acorde a las necesidades nacionales, el país requeriría inversiones superiores a los 250 mil millones de dólares. «Sin inversión, no seremos competitivos», argumentó, al tiempo que destacó la urgencia de un marco regulatorio claro.

El debate también incluyó a sindicalistas, quienes enfatizaron la importancia de un plan que garantice empleo y desarrollo sostenible. Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (Uocra) coincidieron en que la inversión pública debe acompañar a los privados, especialmente en áreas como transporte y energía. «El Estado debe liderar en lo estratégico y facilitar condiciones para el sector privado», sostuvo Martínez, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de evitar repetición de errores pasados.

La reunión se enmarcó en un contexto de incertidumbre económica, con la inflación en niveles elevados y la producción agropecuaria enfrentando desafíos logísticos. Los participantes coincidieron en que una infraestructura moderna no solo reduciría costos, sino que también permitiría al país cumplir sus metas productivas. La propuesta del CPI, sin embargo, sigue en fase de discusión, y su implementación dependerá de acuerdos entre sectores que históricamente han tenido visiones divergentes.

La demanda por un plan a largo plazo de infraestructura se consolidó como prioridad para el desarrollo económico, pero su materialización dependerá de una alianza entre el Estado y el sector privado que supere las divisiones históricas. La cifra de 250 mil millones de dólares subraya la magnitud del desafío, mientras que el debate sobre roles y responsabilidades define el rumbo futuro.

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