La discusión por el arancel a extranjeros

La secretaria general de la CONADU Histórica, Francisca Staiti, denunció que el arancel para estudiantes extranjeros no residentes en universidades públicas es una medida «discriminatoria». En un comunicado, acusó al gobierno nacional de «intentar elitizar el acceso al sistema universitario» y de «introducir la idea de que la universidad pública no es rentable».

Staiti criticó especialmente las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien anunció la vigencia del DNU 366/2025. «Quieren iniciar con un discurso discriminatorio esta discusión, con la idea de posteriormente universalizar ese arancel para todos los estudiantes», sostuvo. Según la líder de la organización, el gobierno está buscando «justificar un modelo que da prioridad a una minoría».

El debate en el contexto universitario

El arancel, que se aplicaría a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, afectaría a aproximadamente 135 mil personas, según estimaciones del Ministerio de Educación. De los 2,7 millones de estudiantes universitarios, solo un 5% son ciudadanos extranjeros, la mayoría con residencia permanente. Sin embargo, Staiti advierte que el impacto real podría ser mayor si se expande la medida.

«Alimentan este tipo de discusiones para no hablar de lo que realmente hay que hablar y es de que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento, con la cautelar, debe pagar a los docentes y estudiantes lo que le debe de pagar», explicó la líder. En su opinión, el conflicto universitario no está resuelto y el Ejecutivo sigue ignorando las demandas de financiamiento y garantías para los estudiantes.

¿Qué implica el arancel para la educación pública?

El arancel, que se implementará en 2025, busca recargar los recursos de las universidades tras años de crisis presupuestaria. Sin embargo, la CONADU Histórica lo tilda de «contraproducente» porque «no aborda la raíz del problema». La organización argumenta que el trueque de recursos entre el Estado y las instituciones no justifica la discriminación de un grupo minoritario.

En el conurbano bonaerense, donde la educación pública es un pilar de movilidad social, la medida generó inquietud. Muchos docentes y estudiantes destacaron que el debate no debe ser usado para justificar la falta de inversión. «El arancel no es una solución, es una forma de evitar enfrentar el déficit», argumentó un docente del Instituto Tecnológico de Bahía Blanca.

La CONADU Histórica advierte que el segundo cuatrimestre será marcado por medidas de fuerza en las universidades. Mientras el gobierno se enfoca en el arancel, la organización exige un compromiso con la financiamiento y la equidad en la educación. El debate se enmarca en un contexto nacional donde la crisis universitaria sigue sin resolver.