Denuncias y contexto de los abusos

La madre de una de las víctimas relató a Clarín que su hija, de 3 años, comenzó a mostrar síntomas físicos en 2025, tras sufrir un abuso en el jardín de infantes Margarita A. de Paz de Villa Carlos Paz. «Mi vida cambió, la vida de los chicos está marcada, es algo que no se borra y que genera mucho dolor», expresó, tras afirmar que el sacerdote «no solo abusó de su hija, sino de otros niños». La denuncia formal se presentó en octubre de 2025, pero la institución religiosa permitió al cura Alejandro Nicola continuar en contacto con menores hasta el mes pasado, cuando fue apartado del centro educativo.

Reacciones y acciones institucionales

Los feligreses lo reconocieron en imágenes de una misa en la Catedral de Córdoba, donde Nicola acompañaba al párroco Javier Soteras. La iglesia explicó que no existe prohibición para que participara como acompañante, aunque el caso fue trasladado a la fiscalía de Villa Carlos Paz. Según fuentes, la investigación sigue en curso, pero la institución no aplicó medidas preventivas. «La primera denuncia fue en mayo del año pasado, y después de eso hubo más casos. Si la justicia hubiera actuado, se hubieran evitado otros hechos», afirmó la madre, cuya identidad fue protegida para evitar riesgos a los menores involucrados.

Impunidad y llamado a la justicia

A pesar de las denuncias, Nicola no enfrenta restricciones legales para ejercer su ministerio. La fiscal Jorgelina Gómez investiga el caso, pero las familias consideran que la justicia no ha actuado con suficiente celeridad. «Nos da la sensación de que nos quieren demostrar que ellos tienen el poder y que no vamos a tener justicia», sostuvo la madre, quien señaló que «son todos los que lo protegieron» los responsables del dolor de las víctimas. La denuncia incluye otros casos, pero la institución no reveló detalles sobre cuántos niños habrían sido afectados.

Contexto local y denuncias previas

El jardín de infantes Margarita A. de Paz, ubicado en Villa Carlos Paz, fue denunciado previamente por otros padres, quienes denunciaron irregularidades en el manejo del personal. Aunque el cura fue apartado del centro en diciembre de 2025, no fue expulsado de la institución hasta el mes pasado, según fuentes locales. La comunidad religiosa y civil se divide: mientras algunos reclaman transparencia, otros defienden el derecho del sacerdote a ejercer su ministerio. La iglesia destacó que «no se puede asumir culpas sin pruebas», pero las familias insistan en la necesidad de una investigación exhaustiva.

Futuro de la investigación y impacto social

La fiscalía continúa indagando los hechos, pero el proceso judicial podría tardar meses en concluir. Mientras tanto, las familias de las víctimas demandan mayor atención a casos similares en el conurbano. «No queremos solo justicia para este caso, sino que se hagan las cosas bien», afirmó la madre, quien destacó la importancia de «romper la impunidad» en instituciones que supuestamente deben proteger a los menores. La noticia ha generado un debate en redes sociales, donde se exige que las autoridades no se limiten a «proteger la institución» ante denuncias de abuso.

La investigación continúa en la fiscalía de Villa Carlos Paz, pero la comunidad exige que se priorice la protección de las víctimas sobre el funcionamiento institucional. La impunidad en casos de abuso religioso sigue siendo un tema de preocupación en el conurbano bonaerense.