¿Cuáles son las condiciones para acceder al sistema público?

La resolución 1066/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece que extranjeros sin residencia legal en la Argentina deberán abonar tarifas por atención médica en hospitales públicos del conurbano. El pago, calculado según la escala de urgencia, se abonará en el momento del servicio. La norma no afecta a ciudadanos permanentes, que siguen con acceso gratuito al sistema sanitario.

Los hospitales contemplados incluyen unidades de alta complejidad en El Palomar, General Rodríguez, y Mar del Plata, así como centros de salud en la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud destacó que la medida busca «proteger los recursos públicos» al tiempo que «garantizar el derecho a la salud para quienes ya están en el sistema».

¿Qué servicios se verán impactados y cuáles son las excepciones?

La norma se aplica a consultas médicas, internaciones y procedimientos quirúrgicos en los hospitales mencionados. Sin embargo, los casos de emergencia siguen siendo atendidos gratuitamente, según el protocolo. Los residentes permanentes, por su parte, no tendrán que pagar por atención médica en ninguno de estos centros.

El Ministerio de Salud indicó que los no residentes que requieran servicios de urgencia deberán presentar un comprobante de situación migratoria ante el Ministerio de Justicia, aunque no se especificó si este requisito es obligatorio. Los afectados podrán recurrir a centros privados si no desean abonar los costos.

¿Cómo impacta la medida en el conurbano?

En El Palomar, donde el 15% de la población es extranjera, la medida generó preocupación entre organizaciones de migrantes. «Nosotros no tenemos opción a pagar por servicios de emergencia», dijo la activista Lucía Fernández. En General Rodríguez, donde el acceso a servicios públicos es crítico, el sindicato de enfermeros alertó sobre la posibilidad de que los turnos se reduzcan.

Los hospitales de Mar del Plata, que atienden a más de 200.000 pacientes anuales, enfrentan una carga adicional en la gestión de los pagos. Un funcionario de la Secretaría de Salud del partido de General Pueyrredón explicó que se está «revisando la logística para garantizar que el sistema no se saturé».

La medida, que entró en vigencia el 1 de julio, no solo redefine las reglas de acceso a la salud pública, sino que también pone en evidencia las tensiones entre derechos y recursos en un contexto de crisis sanitaria. En zonas como El Palomar, donde la demanda es alta, los efectos se sentirán en semanas, según expertos que advierten sobre la necesidad de una política migratoria más integrada.