El pasado 1 de enero de 2026 debía entrar en vigor Verifactu, un sistema de facturación obligatorio en Argentina. Sin embargo, el Gobierno lo retrasó un año, hasta el 1 de enero de 2027, un ajuste que generó frustración entre empresarios y asesores. «Fue un retraso que sucedió quince días antes de que fuera efectivo y esto yo creo que le da poca credibilidad y poco peso a la normativa», explica José Rodríguez, responsable de producto en Holded, empresa que lidera el proyecto de Verifactu.

El aplazamiento, segundo de la normativa, sumó más caos a una ley ya marcada por la ambigüedad. Según una encuesta interna de Holded, un 27% de los empresarios no conoce bien Verifactu y otro 22% cree que ya entró en vigor en 2026. «La Agencia Tributaria es muy técnica, lo cual es correcto, pero a veces entiendo que para una persona que no sea tan técnica o que no entienda mucho el tema, necesita que se lo expliquen de una forma más sencilla», confirma Rodríguez.

La falta de comunicación clara ha complicado la adopción de la norma. «Se ha delegado bastante a los softwares para que evangelicen a las empresas y los autónomos», dice el experto. A pesar de los esfuerzos de las plataformas de facturación, la incertidumbre persiste. Muchas organizaciones tradicionales, como comercios y profesionales liberales, se muestran especialmente afectadas. «Los negocios más tradicionales o antiguos son los que más complicado lo tienen», afirma Rodríguez, aludiendo a la dificultad de adaptarse a un sistema que aún no se define con claridad.

El retraso no solo ha generado desconfianza, sino también una pérdida de oportunidades. Empresas que ya habían invertido en actualizaciones tecnológicas ahora enfrentan incertidumbre sobre si sus preparativos son válidos. «La falta de plazo fijo ha obligado a muchas a reevaluar sus estrategias», agrega el especialista, quien advierte que el impacto será más acusado en sector que no ha podido ajustarse a los cambios.

El aplazamiento de Verifactu deja en el aire la expectativa de quienes dependen del sistema. Mientras se espera una nueva fecha, la confusión persiste, afectando especialmente a empresas que no lograron adaptarse a los cambios iniciales. La claridad, según Rodríguez, es clave para evitar que la normativa se convierta en un problema permanente.