La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) impulsa una serie de medidas para aliviar la carga fiscal sobre las pymes, que enfrentan una crisis de liquidez y un entorno económico complejo. En el marco de una caída de ventas y atrasos en la cadena de pagos, la entidad solicitó a los presidentes de los bloques senadores que se incorporen sus pedidos al tratamiento legislativo del anteproyecto de la Ley de Inocencia Fiscal.

Entre los puntos destacados, la CAME propone reducir multas aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). «No se deben aplicar sanciones durante el período de espera» previsto por la institución, y si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores, la multa se reduciría en un 50%. La sanción total solo sería aplicable si no se cumple ese plazo.

Otro rechazo es la suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales para el sector pyme. Además, se propone un plan especial de pagos con hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen abarcaría deudas vencidas al 31 de mayo y planes vigentes o caducados.

El contexto de la demanda se ubica en una situación de consumo deprimido y producción en baja. Según un trabajo del Observatorio Pyme, la producción industrial de pequeñas empresas cayó un 9,2% interanual en el primer trimestre del año y un 1,7% respecto al cuarto trimestre de 2025, acumulando 12 trimestres de retroceso.

«La caída de ventas, el aumento de costos y los retrasos en los pagos son las principales preocupaciones del sector», señala la entidad. La presión por cumplir con obligaciones fiscales se intensifica tras la implementación de nuevas herramientas de cobro por parte de ARCA, que ha incrementado la cantidad de embargos y multas.

Las pymes piden al Congreso que priorice medidas que alivien su situación financiera, en un momento en que la crisis económica afecta profundamente su capacidad de operar. La implementación de los pedidos de la CAME podría ser clave para evitar una mayor liquidación de empresas en el sector.