El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio su visto bueno a la ley de amnistía aprobada por España en 2024, un acuerdo clave en el pacto que permitió la reelección de Pedro Sánchez. La medida, promovida como parte de un acuerdo con partidos independentistas catalanes, fue cuestionada por instituciones españolas por presuntos incumplimientos a normas europeas. La Corte europea determinó que la ley no viola directivas comunitarias, ya que la amnistía no afecta recursos públicos ni normas antiterroristas.

El tema se desencadenó tras la organización del referéndum de autodeterminación en Cataluña en 2017, declarado ilegal por la Justicia española. La ley, aprobada en 2024, busca eliminar cargos contra quienes participaron en ese proceso, incluyendo al ex presidente Carles Puigdemont, quien huye de España desde 2017. La orden de detención contra él sigue vigente en territorio español, aunque el político vive en Bélgica. La Corte europea destacó que los fondos usados para el referéndum no provienen del presupuesto de la UE, lo que justifica la amnistía desde una perspectiva financiera.

El gobierno español, encabezado por Sánchez, logró un acuerdo con partidos de izquierda y derecha catalanes para impulsar la ley. Esta movida fue crucial para su reelección, ya que los independentistas rechazaron otros pactos. La decisión ahora abre la puerta a la posibilidad de que Puigdemont se reintegre a la política, aunque su situación jurídica sigue pendiente. La amnistía también cubre a otros líderes como Oriol Junqueras, quien enfrenta penas de prisión por el caso del referéndum.

La ley de amnistía fue objeto de controversia desde su aprobación. La Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas españoles cuestionaron su legalidad, argumentando que podría favorecer a delincuentes. Sin embargo, el TJUE resolvió que no hay violaciones a normas europeas, al considerar que el proceso no implica daños a los intereses comunitarios. Este veredicto refuerza la posición del gobierno español, que busca normalizar la situación de los líderes independentistas y evitar tensiones con el Partido Popular y el Partido Socialista.

La decisión europea permitirá que Puigdemont y otros líderes independientes eviten penas por el referéndum de 2017, aunque su situación legal sigue vigente. El pacto con los partidos catalanes fue clave para la reelección de Sánchez, consolidando su alianza con movimientos políticos en el norte de España.