Tras el devastador doble terremoto del 24 de junio, Venezuela enfrenta una crisis humanitaria que no muestra signos de aliviar. El balance oficial, actualizado este domingo, registra 4.490 fallecidos y 16.740 heridos, con más de 19.000 damnificados en refugios temporales. Las edificaciones colapsadas, afectadas por más de 1.200 réplicas sísmicas, siguen poniendo en riesgo a los habitantes. En Caracas y La Guaira, más de 900 viviendas y comercios están dañadas, mientras que servicios como agua y gas permanecen inoperantes, forzando a miles a dormir en la calle.

La presencia de rescatistas internacionales ha sido un reflejo de solidaridad internacional, pero su partida temprana ha generado un vacío emocional y operativo. De los 3.500 brigadistas que llegaron al país, apenas quedan 2.400 trabajando en la identificación de cuerpos. La mayoría regresó a sus países, llevándose imágenes de un paisaje desolado. La ausencia de estos equipos, clave para dar cierre a las familias, ha sido un tema recurrente en las redes sociales, donde usuarios denuncian la falta de respuestas institucionales.

Entre quienes se quedaron, el capitán Luciano Gordillo, de la Armada Argentina, destacó su compromiso con las víctimas. «Si le pasara a mi familia, los buscaría desesperadamente», escribió en sus redes. Gordillo explicó que su misión no es solo rescatar, sino devolver los restos a los familiares para que puedan velarlos y cerrar el duelo. Sus palabras reflejan la complejidad del trabajo: un esfuerzo físico y emocional que requiere paciencia y conexión con quienes sufren.

El desgaste de los rescatistas, junto a la falta de infraestructura para albergar a los damnificados, pone en evidencia la necesidad de un plan de reconstrucción sostenible. Mientras se busca restablecer la habitabilidad de las viviendas, la población se enfrenta a la incertidumbre de un futuro marcado por la vulnerabilidad. La solidaridad internacional, aunque esencial, no puede reemplazar la capacidad de las autoridades locales para reconstruir una vida normal.

La partida de los rescatistas extranjeros deja una brecha que requiere respuestas urgentes. Mientras Venezuela lucha por reponer servicios básicos y garantizar la seguridad de sus habitantes, el dolor de las familias víctimas persiste, esperando un cierre simbólico y material.