**¿Qué dice el mandatario de Esteban Echeverría?**

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, presentó una acción de amparo en contra de la decisión del gobierno provincial de transferir el servicio de agua y cloacas a empresas privadas. Según el funcionario, la privatización «pone en riesgo la atención a comunidades que ya sufren escasez de agua potable». La medida, que busca modernizar el sistema, fue anunciada en febrero y tiene como plazo final el 27 de agosto para la adjudicación de la licitación.

El mandatario destacó que el plan no contempla la inversión necesaria en las próximas décadas para garantizar el acceso a servicios básicos. «No podemos dejar que empresas privadas se adjudiquen la responsabilidad de lo público», sostuvo Gray en una entrevista. Para él, la falta de inversión en infraestructura durante los últimos años ha exacerbado la crisis hídrica en sectores periféricos, donde el 60% de las viviendas no tienen acceso a cloacas.

**Detalles de la licitación y el impacto regional**

La iniciativa provincial busca adjudicar la operación de AySA a una empresa mediante un concurso público que se abrirá el 27 de agosto. El plan incluye la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la modernización de las redes de distribución. Sin embargo, Gray y otros líderes locales critican que la propuesta no prevé la expansión de los servicios a zonas no urbanizadas.

El secretario general de la Federación de Municipios del Conurbano, Marcelo Peralta, destacó que el plan «no aborda la necesidad de incluir a las localidades que no tienen acceso a servicios básicos». En la región, hay más de 150 municipios con problemas estructurales en el suministro de agua, según datos de la Dirección General de Agua y Saneamiento. Para los líderes locales, la privatización podría profundizar las desigualdades en el acceso a servicios esenciales.

**El rol de ABSA y las reacciones del sector público**

El gobierno provincial ha insistido en que la licitación permitirá una gestión más eficiente del servicio, con mayor inversión en infraestructura. Sin embargo, Gray propone que el Estado se mantenga como operador principal, en alianza con empresas privadas en actividades técnicas. «El Estado no puede desaparecer del sector, porque la responsabilidad de lo público no puede ser delegada sin control», afirmó el intendente.

En la provincia, la participación de empresas como ArcelorMittal y Ferrovial en proyectos de agua ha generado debates. En 2021, la licitación para la operación de las redes de agua en la región fue adjudicada a una empresa francesa, lo que generó críticas por la falta de participación de empresas locales. Gray argumenta que el modelo actual no garantiza la continuidad de los servicios en áreas marginadas.

**El desafío para los próximos meses**

La decisión de presentar la acción de amparo refleja la tensión entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos. Para el 27 de agosto, se espera que se publique el listado de empresas interesadas en participar en la licitación. Según fuentes del área, al menos 20 empresas han expresado interés, incluyendo grupos internacionales y locales.

Los líderes de la región advierten que si la privatización avanza sin garantías, podrían surgir conflictos en zonas donde ya hay descontento por la falta de inversión. En San Martín, por ejemplo, vecinos han bloqueado accesos a plantas de tratamiento en varias ocasiones. Para Gray, el reto es «asegurar que la modernización no se convierta en una privatización que deje a la población en la indefensión».

El plazo para la licitación de AySA se acerca, y las tensiones entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos se intensifican. Para el 27 de agosto, se conocerá quién será el nuevo operador del sistema. Mientras tanto, las autoridades locales continúan exigiendo que la inversión pública no se pierda y que los derechos de acceso a servicios básicos no se subordinen a intereses privados.