¿Qué cambia en las reglas de seguridad?

Según informó Reconquista Radios, El gobierno nacional implementó una serie de modificaciones a las condiciones que deben cumplir los vehículos nuevos y usados antes de ser inspeccionados y circulados en Argentina. Uno de los cambios más destacados es la obligatoriedad de una declaración jurada por parte del comprador, en la que debe certificar que el auto no tiene daños ocultos o alteraciones. Esta medida busca combatir fraudes en el mercado, especialmente en el caso de los autos importados, donde se reportaron en los últimos años un incremento de irregularidades.

La actualización de las normas se enmarca en un contexto donde el sector automotor ha estado bajo escrutrio por parte de las autoridades. Según un informe del Ministerio de Transporte, entre 2022 y 2023 se registraron 1.200 denuncias relacionadas con fraudes en la compra de automóviles, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior. El gobierno argumenta que la declaración jurada permitirá agilizar el proceso de inspección sin comprometer la calidad de los controles.

¿Por qué es relevante ahora?

La tendencia de reforzar controles en el sector automotor se intensifica en un momento clave para la Argentina. El país enfrenta una crisis económica que ha generado una mayor demanda de vehículos usados, especialmente en zonas periféricas donde los precios son más accesibles. Sin embargo, esto ha llevado a un aumento en las ventas ilegales de autos con historial de daños o accidentes no reportados.

La declaración jurada se convierte en una herramienta clave para reducir ese riesgo. Según un análisis del Instituto de Movilidad Urbana, la medida podría ayudar a disminuir en un 15% las denuncias por fraudes en los próximos 12 meses. Además, los expertos señalan que esta norma se alinea con las políticas de seguridad vehicular promovidas por el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial, que la Argentina ratificó en 2021.

Impacto en el sector y en los consumidores

El ajuste de las normas no solo afecta a los vendedores, sino también a los compradores. Para los consumidores, la declaración jurada implica un proceso adicional antes de cerrar la compra, lo que puede generar retrasos en la entrega del vehículo. Sin embargo, los especialistas indican que este pequeño inconveniente está compensado por la mayor seguridad en la transacción.

En el ámbito económico, la medida podría influir en la dinámica del mercado. «Los vendedores de autos usados tendrán que invertir en herramientas para verificar la historia del vehículo, lo que elevará los costos operativos», explica Mariano Torres, director de la Asociación Argentina de Vendedores de Automotores. Por otro lado, la norma también podría fomentar la confianza en el sector, lo que a largo plazo podría estabilizar la demanda.

El gobierno ha anunciado que la implementación de las nuevas normas se realizará en tres etapas. La primera corresponde a los vehículos nuevos, la segunda a los usados importados y la tercera a los de segundo mano dentro del país. La fecha límite para cumplir con el requisito de la declaración jurada será el 31 de diciembre de 2024.

La nueva norma refleja una estrategia gubernamental para mejorar la transparencia en el sector automotor, un área clave en la economía argentina. Además de evitar fraudes, el gobierno busca fomentar una mayor confianza en las compras de vehículos, lo que podría tener impacto positivo en la reactivación del mercado. La aplicación gradual de las medidas permitirá a los actores del sector adaptarse, aunque la incertidumbre sobre los costos asociados sigue siendo un factor a considerar.