La postura del gobernador

Según informó Clarín, El intendente de Córdoba, Juan Carlos Cámpora, expresó su rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 que incluye recortes en el financiamiento de servicios para personas con discapacidad. En declaraciones oficiales, el mandatario provincial destacó que «estos recortes son un ataque directo a la inclusión social y el derecho a la salud de una población vulnerable». La medida, que aún no está definida en detalle, generó preocupación entre las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, quienes advirtieron que afectaría la calidad de vida de miles de personas.

El contexto del Presupuesto 2027

El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, presentó un proyecto de Presupuesto 2027 que prioriza la reducción de gastos en sectores sociales, incluyendo educación, salud y servicios para personas con discapacidad. Según documentos oficiales, el proyecto busca reorientar recursos hacia «inversiones productivas» y reducir déficits fiscales. Sin embargo, críticos argumentan que la propuesta ignora las necesidades de poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente en una crisis económica que ya impacta a sectores más débiles. En Córdoba, el sector salud y educación han sido los más afectados por ajustes anteriores, lo que generó una percepción de «negligencia» hacia las políticas públicas.

Reacciones locales y el impacto social

Las organizaciones que representan a personas con discapacidad en Córdoba, como la Asociación de Discapacidad de la Provincia (ADP), denunciaron que los recortes pondrían en riesgo el acceso a servicios esenciales, como rehabilitación, atención psicológica y apoyo a familias. «Estamos ante un plan que desestabiliza un sistema que ya está en crisis», afirmó la presidenta de ADP, Silvia Martínez. Además, el Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT) criticó la propuesta como una «política de exclusión» que profundizaría las desigualdades. En el contexto nacional, el debate sobre derechos sociales ha sido intensificado por la falta de respuestas a la crisis, lo que ha convertido a las personas con discapacidad en una de las banderas de las protestas populares.

El rechazo del gobierno de Córdoba refleja una creciente polarización en el debate sobre políticas públicas, especialmente en un contexto de crisis económica. Mientras el Ejecutivo nacional prioriza ajustes fiscales, las provincias y organizaciones sociales ven en las personas con discapacidad un frente clave para la lucha por el acceso a la salud y la educación. La cuestión se complicará si el proyecto de Presupuesto 2027 avanza sin modificaciones, lo que podría llevar a nuevos conflictos entre el poder central y los gobiernos provinciales.