Gobierno propone régimen para formalizar dólares ocultos de funcionarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma para formalizar dólares no declarados, incluyendo a funcionarios y exfuncionarios. La iniciativa busca permitir que esos recursos se integren al sistema financiero sin penalidades, según explicó durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. Caputo destacó que el objetivo es «recaudar más» y «crecer», al tiempo que despejar dudas sobre la seguridad jurídica de quienes se adhieran al régimen.

La medida, que no fue presentada con el texto completo, responde a críticas de especialistas sobre el bajo nivel de adhesiones al régimen de declaraciones de Ganancias. «El espíritu de la ley no cambia en absoluto», sostuvo Caputo, asegurando que los cambios buscan «aclarar temas» que generan incertidumbre. Entre ellos, la protección contra investigaciones de ARCA por ingresos no declarados en el pasado. Sin embargo, la falta de participación del titular de ARCA, Andrés Vázquez, en la presentación del proyecto levanta preguntas sobre el rol del organismo en la implementación.

La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, detalló que los ajustes principales incluyen garantías para quienes se registren, como la no fiscalización retroactiva de sus declaraciones. Esto contrasta con la postura de sectores que denuncian que la norma no prevé sanciones para quienes no se formalicen. El debate gira en torno a si la medida fomentará la transparencia o reforzará la evasión fiscal, especialmente considerando que el régimen ya fue criticado por su baja adhesión.

La propuesta también plantea un dilema: si los políticos y exfuncionarios pueden beneficiarse sin pagar impuestos retroactivos, ¿qué implica para la equidad del sistema? Algunos analistas señalan que la falta de un marco claro podría incentivar el uso de la formalización para evitar sanciones, no para cumplir con la normativa. La decisión, sin embargo, se enmarca en un contexto de crisis fiscal, donde el Estado busca aumentar ingresos sin recurrir a impuestos nuevos.

La reforma busca equilibrar la necesidad de recaudar más con la protección de quienes se adhieran, pero el debate sobre su impacto en la transparencia y la justicia fiscal continúa. El próximo paso será el debate en el Congreso, donde se decidirá si se aprueba la iniciativa.