Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires decidieron no avalar la propuesta de aumento salarial del 2,5%, anunciada por el Ejecutivo provincial para julio y a cobrarse en agosto. La decisión, tomada en reuniones internas, se basó en la percepción de que el incremento no responde a las necesidades de los docentes, quienes demandan un ajuste más acorde con la inflación y los gastos del sector. La oferta fue presentada días después de un paro de actividades que movilizó a miles de trabajadores, con un alto acatamiento en escuelas públicas y privadas de la región.

El paro, convocado por los gremios a principios de julio, fue uno de los más contundentes del año, con reportes de más del 80% de los docentes en las calles. La medida fue un llamado de atención al gobierno por la falta de respuestas a las demandas salariales y la precariedad laboral. Los sindicalistas argumentaron que el 2,5% no cubre la pérdida de poder adquisitivo acumulada en años, especialmente en zonas donde los salarios se mantienen estancados. En zonas como La Matanza o San Vicente, los docentes destacaron la necesidad de un ajuste que permita afrontar costos como el transporte o la educación de sus hijos.

El gobierno provincial, por su parte, justificó la oferta señalando que el ajuste se enmarca en un «plan de estabilidad financiera» para el sector público. En declaraciones a medios, funcionarios del Ministerio de Educación destacaron que el incremento «refleja un compromiso con la educación» y que se busca «equilibrar las expectativas con las posibilidades del Estado». Sin embargo, los gremios cuestionaron que el plan no considera el contexto de crisis económica y la presión inflacionaria que vive la región. En la última reunión de la mesa de negociación, se dejó en claro que el tema está en pausa, sin fecha ni horario definido para retomar las conversaciones.

La decisión generó un clima de incertidumbre entre los docentes, quienes ya anticipan nuevas movilizaciones si no se logra un acuerdo. En barrios como Once o Pilar, los sindicalistas recuerdan que la situación se agrava con el inicio del año escolar, cuando la falta de recursos afecta directamente la atención a los alumnos. Mientras tanto, la comunidad educativa sigue en alerta, esperando que las autoridades respondan con una propuesta que no quede lejos de las demandas de los trabajadores.

La falta de avances en la negociación deja en suspenso el futuro de los docentes, con la posibilidad de nuevas protestas si el gobierno no adapta su propuesta a las necesidades reales del sector.