Los jueces del Tribunal Oral de Quilmes prohibieron el ingreso de nuevas personas en tres comisarías de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela tras un informe de la Comisión Provincial por la Memoria. El organismo, que actúa como Mecanismo local de Prevención de la Tortura, denunció durante una inspección que el alojamiento de mujeres en espacios clausurados viola derechos humanos. Las autoridades ordenaron el traslado urgente de las detenidas a penicierias o alcaldías y notificaron al Ministerio de Seguridad para que tome nuevas medidas.

La Comisaría 3ra de Berazategui ya estaba clausurada judicialmente, pero en Quilmes y Varela las condiciones eran críticas. En la comisaría sexta de Quilmes, la sobrepoblación fue del 75%, ya que alberga a 7 personas en lugar de las 4 permitidas. La inspección reveló elementos inflamables, ausencia de planes de emergencia contra incendios, y espacios sin luz natural ni ventilación. Las detenidas, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad, se encontraban aisladas 24 horas, con contacto limitado con familiares.

La situación se agrava por la falta de estrategias de salud y seguridad. La Comisión Provincial por la Memoria señaló que el hacinamiento y el aislamiento extremo generan un entorno propicio para la violencia y la deshumanización. En las comisarías inspeccionadas, las detenidas no tenían acceso a atención médica ni espacios para realizar llamadas a familiares. El organismo exigirá que se respeten estándares internacionales de derechos humanos, incluso en contextos de encierro.

Este fallo refleja una crisis en el sistema de detención de mujeres en el conurbano. Las comisarías, en lugar de ser espacios de protección, se convierten en lugares de riesgo. La Provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis de hacinamiento en centros de detención, donde las condiciones son inadecuadas para garantizar la dignidad de las detenidas. La orden de evitar nuevas detenciones pone de relieve la urgencia de reorganizar la gestión de personas en situación de vulnerabilidad.

Los jueces ordenaron trasladar a las detenidas a unidades penitenciarias o alcaldías. Ahora el gobierno debe garantizar condiciones dignas y evitar repeticiones de un sistema que viola derechos humanos. La Provincia de Buenos Aires deberá explicar cómo abordará la sobrecarga de comisarías y proteger a quienes están en situación de riesgo.