El gobierno provincial de Buenos Aires presentó este miércoles una propuesta salarial del 7% para trabajadores judiciales, distribuido en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio de 2026. La decisión fue anunciada en una reunión paritaria en la que participaron representantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Poder Ejecutivo provincial y la Suprema Corte de Justicia. El acuerdo busca aliviar la presión inflacionaria sobre los salarios de los funcionarios del sistema judicial, una demanda reiterada por los gremios en los últimos meses.

La AJB, que lidera la negociación, destacó durante el encuentro el deterioro de las condiciones laborales, con un aumento de la litigiosidad en todos los fueros y la falta de cubrimiento de vacantes. «La sobrecarga laboral es crítica y no se resuelve con un solo ajuste salarial», alertó un delegado de la organización. Además, el gremio instó al gobierno a crear nuevos cargos y a concretar una mesa técnica con el Ministerio de Trabajo, sindicatos y autoridades del Instituto de Medicina Previsional (IOMA) para abordar la crisis de la obra social, que afecta a miles de empleados públicos.

El Ejecutivo provincial, por su parte, explicó que la propuesta refleja la complejidad de la situación financiera de la provincia, marcada por la caída de la actividad económica y la recaudación. «La pérdida de empleo privado y la presión fiscal nos impiden cumplir con los ajustes que los gremios solicitan», señaló un funcionario. Sin embargo, el gobierno subrayó que el esquema salarial se suma a la implementación de un sistema de subcategorías que actualiza los escalonamientos de ingresos, un proceso que incluye un aumento del 5% en julio y el cobro de la nueva subcategoría A1 para trabajadores con más de 30 años de antigüedad.

La Asociación Judicial Bonaerense planifica asambleas este viernes en todos los departamentos judiciales del conurbano para debatir la propuesta y evaluar si cumple con las demandas de los afiliados. Las reuniones coinciden con una jornada de tensión en el sector, donde la falta de recursos y el exceso de casos pendientes generan descontento entre los trabajadores. «El aumento no es suficiente si no se resuelve la infraestructura y la falta de personal», aseguró un abogado que participó en la reunión. La expectativa ahora se centra en el diálogo entre el gobierno y los gremios para evitar una posible paralización del sistema judicial.

Las asambleas este viernes en el conurbano marcarán el siguiente paso en la negociación salarial, con el reto de equilibrar la demanda de los gremios y la capacidad financiera del gobierno provincial. La solución del conflicto afectará directamente a los usuarios del sistema judicial, quienes enfrentan retrasos en procesos y una posible escasez de recursos en las instituciones.