La violencia vicaria: ¿qué es y por qué es un problema urgente?

La violencia vicaria se refiere a actos de agresión o crueldad cometidos por un familiar, como padres, hijos, hermanos, contra otro miembro de la familia. Este tipo de crimen no solo afecta a las víctimas, sino que también impacta en la dinámica familiar y comunitaria. En el conurbano, organizaciones como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria Argentina trabajan para sensibilizar y exigir cambios legislativos.

La muerte de Joaquín Ruffo, un adolescente de 16 años asesinado por su padrastro en 2020, marcó un antes y un después. El caso generó un debate nacional sobre la impunidad en estos delitos. «La violencia vicaria no es un acto aislado, sino una consecuencia de la falta de control y la cultura de la violencia en algunas familias», explica María Fernández, coordinadora de la organización mencionada.

Datos alarmantes y el debate en el Congreso

Según el Registro Nacional de Violencia Vicaria (RNVI), entre 2019 y 2023 se registraron 18.724 casos en el país, con un incremento del 22% respecto al periodo anterior. En el conurbano, las ciudades de San Vicente, La Plata y Tres Arroyos lideran los registros por su densidad poblacional y la falta de espacios seguros para los jóvenes.

En 2025, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley que busca sancionar con penas más severas los delitos de violencia vicaria. Sin embargo, el debate se vuelve complejo al considerar la responsabilidad de los adultos y la necesidad de prevención. «No basta con castigar; hay que abordar las raíces de esta violencia, como la desigualdad y la falta de educación emocional», afirma el abogado Pablo Soto, especialista en derechos humanos.

El rol de las comunidades y los desafíos locales

En el conurbano, las comunidades locales juegan un papel clave para detectar y denunciar estos casos. En San Vicente, por ejemplo, un grupo de vecinos creó un sistema de alertas tempranas para identificar situaciones de riesgo dentro de las familias. «La confianza entre vecinos es fundamental para prevenir la violencia vicaria», dice Elena Torres, presidenta del comité.

Sin embargo, los desafíos son grandes. La falta de acceso a servicios sociales, la desinformación y el miedo a represalias son obstáculos para que las víctimas denuncien. «Muchas familias no denuncian por miedo a que se les juzgue o que se revele su situación», explica la psicóloga Laura Guzmán. Estos factores generan un círculo vicioso: más casos no reportados, más impunidad y una cultura de silencio.

Qué viene después: políticas públicas y esperanza

Las organizaciones del conurbano plantean la necesidad de políticas públicas que integren prevención, apoyo a las víctimas y educación. En La Plata, se está implementando un programa que incluye talleres de conciliación familiar y acceso a asesoría legal gratuita. «Queremos que las familias tengan herramientas para resolver conflictos sin recurrir a la violencia», dice la directora del programa, Lucía Mendoza.

Aunque el camino es largo, la comunidad sigue movilizándose. En Tres Arroyos, un concurso de narrativas de supervivientes busca visibilizar las historias de quienes han superado la violencia vicaria. «Cada testimonio es una luz para otros que aún no se atrevieron a hablar», afirma un participante. Esta combinación de denuncia, prevención y apoyo es clave para que la Ley Joaquín no quede en el ámbito legal, sino como un cambio real en las vidas de las personas.

La violencia vicaria sigue siendo un problema crítico, pero en el conurbano hay iniciativas que buscan transformar la situación. Con 4.207 casos registrados en 2025, el debate no solo abarca la legislación, sino también la necesidad de apoyo comunitario y educación. La esperanza está en las historias de supervivencia y en las políticas que busquen un cambio estructural.