Las constructoras de Cristóbal López y del empresario Cartellone se adjudicaron este miércoles la última etapa de privatizaciones de rutas nacionales bajo el gobierno de Javier Milei. En la fase III, que abarca unos 3.920 kilómetros, las empresas obtuvieron contratos por un total de 9.000 kilómetros de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esto equivale al 80% del tránsito nacional, un área clave para la movilidad y el comercio. La adjudicación se realizó a través de ContratAr, la plataforma del Estado para licitaciones públicas.

La empresa de López, CPC, ganó dos tramos estratégicos. El Tramo Mesopotámico, que cubre 276 km en Entre Ríos, incluye la ruta 18 y la 12. Su tarifa de peaje será de 3.340 pesos más IVA, más económica que la propuesta de IEB Construcciones, del grupo Invertir En Bolsa, liderado por Juan Ignacio Abuchdid, uno de los principales donantes de Milei. Además, CPC se quedó con el Tramo Chaco-Santa Fe, de 497 km en la ruta 11, con un precio de 3.240 pesos más IVA, más barato que el de José Eleuterio Pitón, contratista de obra pública en Entre Ríos.

La familia Cartellone, por su parte, adquirió otros segmentos. Sus empresas se beneficiaron de la reducción de costos en la etapa III, donde se priorizó la eficiencia en las ofertas económicas. El proceso incluyó licitaciones para rutas como la 9, que conecta con el puerto de Buenos Aires, y la 33, en la provincia de Buenos Aires. Estos tramos son críticos para el transporte de mercaderías y la conectividad entre zonas productivas.

El gobierno evalúa lanzar nuevas licitaciones para otras rutas estratégicas, como las cercanas a Vaca Muerta, un polo petrolero clave. La privatización de las rutas nacionales, que abarca 40.000 kilómetros en total, busca reducir la carga financiera del Estado y modernizar la infraestructura. Sin embargo, la decisión generó debate sobre el impacto en los precios de los pasajes y la accesibilidad para los usuarios finales.

Con la adjudicación de los últimos tramos, Milei cierra un proceso que redefine la gestión de las rutas nacionales. El Estado ahora cede el control de un 80% del tránsito, lo que podría acelerar la modernización de la red, aunque plantea desafíos en la regulación de tarifas y la equidad en el acceso.

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