La cadena hotelera española Meliá, con 34 hoteles en Cuba, anunció su salida definitiva de la isla a partir del 24 de julio tras más de 36 años de presencia. La decisión, tomada por su filial portuguesa, se debe a las «notables dificultades» operativas, legales y financieras generadas por el bloqueo de Estados Unidos, que han afectado la estabilidad de la isla durante años. La compañía explicó que el embargo ha impuesto «una mínima estabilidad operativa», dificultando la gestión de las instalaciones y la cadena de suministro local.

Este cese se extiende a la utilización de marcas autorizadas, la recepción de turistas y la logística de abastecimiento. La medida, que ya se anticipó en mayo al cerrar el 50% de su capacidad, deja en suspensión 14.053 habitaciones en 34 hoteles, aunque dos proyectos aún no finalizados quedan en estudio. La filial portuguesa, Ilha Bela Gestao e Turismo, asegura que busca una transición ordenada para minimizar el impacto en empleados, proveedores y clientes, aunque no detalló el plan concreto.

El impacto económico será profundo, especialmente en un sector que depende del turismo. Cuba, cuya industria hotelera representa más del 15% de su PIB, enfrenta una crisis estructural tras décadas de aislamiento. La decisión de Meliá refleja la imposibilidad de mantener operaciones viables bajo el embargo, que limita el acceso a mercados internacionales y servicios esenciales. Aunque la isla ha intentado diversificar su economía, la dependencia de los ingresos por turismo sigue siendo crítica.

La salida de una de las cadenas más importantes del sector pone en duda la viabilidad de otros actores internacionales. En 2019, por ejemplo, un hotel de Meliá en La Habana fue cerrado por la falta de suministro de materiales, un problema recurrente. La situación deja a miles de trabajadores en la incertidumbre, mientras la isla busca alternativas para sostener su infraestructura hotelera en un contexto de escasez de divisas.

El anuncio de Meliá agudiza las tensiones en Cuba, donde el turismo ya representa más del 15% del PIB. La decisión no solo afecta empleos y cadenas de suministro, sino que también resalta la fragilidad de un sector que depende de relaciones internacionales. Con el bloqueo estadounidense vigente, la isla enfrenta un futuro incierto para sus hoteles y empleados.