La Corte de Apelaciones de Seúl confirmó hoy que una parte significativa de las acciones del Grupo SK pertenecen a los bienes comunes del matrimonio, obligando al empresario a pagar a su exesposa más de 600 millones de dólares. El caso, que arrancó en 2017, se convirtió en el litigio más costoso de la historia del país, involucrando una fortuna equivalente a 944.000 millones de wones. La disputa giraba alrededor de si los activos del multimillonario eran propiedad del matrimonio o regalos recibidos de sus padres, lo que elevó el conflicto a un escenario de poder y corrupción.

Chey Tae-won, hijo del fundador del Grupo SK, argumentó que las acciones de SK Inc. fueron adquiridas con un regalo de bodas de 280 millones de wones de su padre. Sin embargo, su exesposa, Roh Soh-yeong, sostuvo que el patrimonio provenía de sobornos al expresidente Roh Tae-woo, quien lideró el país entre 1980 y 1988. La sentencia del Tribunal Supremo de Corea, que anuló una decisión anterior, destacó que los fondos de Roh Tae-woo eran ilícitos, por su vinculación con la corrupción y el golpe de 1979.

El caso cobró relevancia cuando se descubrió que el expresidente Roh fue condenado a 17 años por corrupción y su rol en la represión de protestas en Gwangju en 1980. Aunque fue liberado tras un perdón presidencial, su legado se convirtió en un símbolo de la impunidad que abrió la puerta a negocios ilegales. La Corte Suprema reafirmó que los recursos obtenidos mediante delitos no deben formar parte del patrimonio compartido, lo que sentó un precedente para futuras disputas sobre bienes de origen dudoso.

El fallo no solo afecta la vida personal de Chey, sino que también sacude el ordenamiento jurídico coreano, al plantear preguntas sobre cómo se distribuyen las fortunas en casos de alta complejidad. En un contexto donde la desigualdad económica y la lucha contra la corrupción son temas críticos, el caso refleja la tensión entre poder familiar y la justicia. La exesposa, ahora viuda tras la muerte de Roh Tae-woo, ganó una batalla legal que pone en jaque la idea de que las riquezas pueden ser heredadas sin responsabilidad.

Este caso redefinió la relación entre el poder económico, la legalidad y el legado histórico en Corea del Sur, dejando un precedente que impactará en futuros litigios de alto valor. La decisión también reavivó el debate sobre cómo los sistemas judiciales manejan casos donde la corrupción y la fortuna se entrelazan, señalando que en el país, incluso los más poderosos no están exentos de responsabilidad.