Un grupo de vecinos de Guaminí, liderados por Ignacio Zavaleta, presentaron una iniciativa legislativa que propone municipalizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en toda la provincia de Buenos Aires. La medida, encuadrada en la Ley Provincial N.º 10.589 de participación ciudadana, busca transferir la gestión del servicio a las comunas, reemplazando el modelo centralizado vigente. Zavaleta, exconcejal y exprecandidato a intendente, criticó el sistema actual como «lesivo para el interior provincial», alargando distancias para los ciudadanos y saturando los turnos de las plantas móviles.

La iniciativa busca alinear la normativa provincial con el artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que estipula que las revisiones técnicas se ejecuten en ámbitos municipales. Según Zavaleta, la dependencia del modelo de concesiones zonales desde los 90 ha generado un desequilibrio en la distribución de recursos. «Los ciudadanos tienen que recorrer kilómetros para acceder a un turno, mientras que las autoridades provinciales se quedan con la recaudación», sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de flexibilidad en el sistema.

La propuesta cobra relevancia en un contexto de crisis financiera para las administraciones locales, atravesadas por la caída de la coparticipación y conflictos por los fondos de inversión municipal. Cada municipio, bajo el nuevo esquema, podría dictar su propia ordenanza para definir la modalidad del servicio: ya sea mediante dependencias propias, consorcios regionales o talleres privados certificados. El gobierno provincial, en este modelo, actuaría como organismo de homologación, garantizando la validez de las obleas en el ámbito nacional.

La reforma también contempla modificaciones a la Ley N.º 14.497, que regula el financiamiento del servicio, para crear un fondo específico con recursos asignados a las comunas. Zava, como lo llamaron en el conurbano, explicó que la idea es «dar autonomía a los municipios para resolver problemas locales sin depender de una red centralizada». La iniciativa ahora deberá pasar por el debate en la Legislatura provincial, donde se espera un fuerte debate entre los partidos políticos y las intendencias.

La medida busca reducir la sobrecarga en las comunas y mejorar el acceso a los servicios, pero enfrenta desafíos como la coordinación entre niveles de gobierno y la asignación de recursos. La aprobación dependerá de la capacidad de los municipios para implementar el modelo sin afectar la seguridad vial.