Suspensión del Salario Social Complementario y su impacto en la comunidad

Laura Cibelli, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Quilmes, denunció que la suspensión del cobro del Salario Social Complementario, decisión tomada por el Gobierno de Javier Milei, genera un impacto «tremendo» en los barrios. «El retiro de la organización comunitaria y del Estado como participante de la misma favorece el avance del narcotráfico y de la delincuencia», afirmó. Según la activista, la medida deja a casi un millón de personas sin un ingreso básico, lo que agrava la precariedad laboral y la falta de acceso a servicios esenciales. «Para nosotros la situación es muy compleja», insistió, al referirse a la decisión de reemplazar el salario por un sistema de vouchers de capacitación.

Unidad entre centrales obreras y organizaciones sociales

A días de la movilización del 7 de agosto, que reunirá a la CGT, las CTA y diversas organizaciones sociales, Cibelli destacó la continuidad del plan de lucha contra el ajuste del gobierno. «No queremos un país para multimillonarios extranjeros, sino para los laburantes», dijo, al referirse al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La activista criticó que la política económica actual «siempre va en contra de los más humildes» y genera «crueldad» en la población. «Hoy cerca de un millón de personas dejan de cobrar y por eso no va a mejorar la situación de ningún trabajador», sostuvo. La referente de la organización social llamó a movilizar nuevamente frente al Congreso, en rechazo a las políticas de austeridad que, según ella, «descartan y tiran gente a la basura».

El desafío de reconstruir la participación ciudadana

Cibelli también subrayó la importancia de la participación comunitaria en la prevención del delito. «Paz, pan, tierra, techo y trabajo» son los ejes que, según la organizadora, deben priorizar los movimientos sociales. En Quilmes, donde la crisis laboral y el desempleo afectan a miles, las iniciativas de vecinos para crear espacios de autonomía y control social se han convertido en una herramienta clave. «El Estado no puede dejar de estar presente en los barrios», insistió, al señalar que su ausencia permite que «se abran huecos para el crimen». Esta postura refleja la lucha por mantener la conexión entre la población y las instituciones, un tema central en las protestas que hoy marcan el ritmo de la resistencia popular.

La protesta del 7 de agosto en Quilmes y otras ciudades del conurbano busca visibilizar la crisis social generada por las políticas de ajuste. Con la suspensión del Salario Social Complementario como punto central, las organizaciones rechazan el modelo que, según ellas, profundiza la desigualdad y la inseguridad. La movilización representa un llamado a la unidad entre trabajadores y vecinos para reivindicar derechos que, en la actualidad, son negados por las autoridades.