El Parlamento nicaragüense, encabezado por el partido de Daniel Ortega, presentó este martes una reforma constitucional que busca extender el periodo presidencial de cinco a siete años renovables. La propuesta, leída en un plenario por Gustavo Porras, titular del Congreso, se enmarca en una agenda de «estabilidad» y «continuidad» para abordar «urgencias materiales, culturales y espirituales» del país. La iniciativa, que requiere un debate y aprobación, marca un nuevo paso en la consolidación del poder del líder octogenario, quien ha ostentado el cargo desde 29 años atrás.

Ortega, de 80 años, lideró la Junta de Gobierno revolucionaria entre 1979 y 1985 y volvió al poder en 2007 tras un acuerdo secreto con el expresidente Arnoldo Alemán. Este pacto, firmado en 1999, permitió reducir el umbral electoral al 35 % y reescribir la Constitución, sentando las bases para su regreso al poder. La propuesta actual surge nueve días después de que el gobierno anunciara la suspensión de elecciones, acusando a la oposición de fraude. «El plan nacional requiere de un horizonte de siete años», sostuvo Porras, alineando la reforma con el «desarrollo humano y de liberación de la pobreza».

La reforma busca anular la cláusula constitucional que prohibía la reelección, un punto que el gobierno declaró «inaplicable» en medio de críticas internacionales. La medida se inscribe en un contexto de represión a la oposición y desestabilización institucional, donde el Ejecutivo ha derogado leyes, detenido activistas y rechazado observadores extranjeros. La Asamblea, conformada por alianzas del Frente Sandinista y grupos afines, respalda la iniciativa como parte de un «modelo de Estado» que prioriza «unidad» y «patriotismo».

La aprobación de la reforma, que requerirá un amplio consenso en la Cámara, podría transformar la estructura política del país. La medida, combinada con la suspensión de elecciones, refuerza la permanencia de Ortega en el poder, cuestionado por organismos de derechos humanos por su represión sistemática. En un país donde la oposición está desarticulada y el sistema judicial se ha convertido en herramienta de control, el gobierno justifica la reforma como necesaria para «responder a las urgencias del pueblo». La votación está programada para el miércoles próximo, en un contexto de tensión y descontento amplio.

La aprobación de la reforma constitucional consolidará el poder de Ortega, alargando su mandato y debilitando la institucionalidad. La medida, en conjunto con la suspensión de elecciones, refleja un sistema donde el control político se expresa a través de decisiones unilateralistas, ignorando la voz de la ciudadanía y profundizando la polarización social.