Permisos mineros demoran hasta 30 años: el cuello de botella global que frena la industria

La industria minera global vive una crisis de tiempo: desde que se descubre un yacimiento hasta que una mina entra en producción, el plazo promedio se extendió a 29 años, cinco veces más que hace veinte años. Según un estudio de S&P Global Market Intelligence, la principal causa no es la geología ni la financiación, sino la demora en obtener los permisos requeridos. En promedio, los proyectos que ya tienen estudios de factibilidad tardan casi tres décadas en arrancar, un dato que preocupa a inversores y gobiernos.

El retraso se explica en la complejidad de los trámites regulatorios, que varían según el país pero son recurrentes en casi todas las jurisdicciones. En Argentina, por ejemplo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lanzado en 2024, busca resolverlo al estandarizar el proceso de permisos, centralizar la revisión técnica y fijar plazos estrictos. Además, suma incentivos monetarios para proyectos que cumplan con las normas. La iniciativa forma parte de un esfuerzo global: Australia simplificó en 2025 las revisiones regulatorias, Canadá acotó evaluaciones federales y Chile promulgó una «ley de permisología» para reducir plazos entre 30% y 70%.

Los cambios no son solo técnicos. En los últimos cuatro años, 14 países modificaron sus marcos legales para reducir obstáculos. En muchos casos, la burocracia se volvió un cuello de botella que dificulta la entrada de inversiones. En sectores como el litio o el cobre, donde el ritmo de producción es clave, este freno puede retrasar la entrega de materia prima para la industria tecnológica. «La industria no puede esperar 25 años para comenzar a producir», dice un analista, señalando que el tiempo se convierte en un costo de oportunidad para empresas que buscan rentabilizar proyectos.

La reforma argentina, aunque reciente, se enmarca en un movimiento global. Si bien el RIGI aún no tiene resultados cuantificables, su enfoque en simplificar el proceso y ofrecer incentivos podría ser clave para atraer inversiones. Sin embargo, la brecha entre la legislación y su implementación sigue siendo un desafío. «La intención es buena, pero la aplicación depende de la coordinación entre organismos», afirma un funcionario. Mientras tanto, el sector espera que estos esfuerzos generen un impacto tangible, ya que el tiempo perdido en permisos se traduce en pérdidas de millones de dólares en proyectos que podrían haber comenzado hace décadas.

El retraso en permisos mineros no solo afecta la rentabilidad de proyectos, sino también la capacidad de respuesta a demandas globales de minerales estratégicos. Mientras Argentina y otros países ajustan sus reglas, la industria espera que las reformas aceleren la producción, evitando que el tiempo se convierta en un factor de exclusión.