La jueza federal María Eugenia Capuchetti analiza si llama a indagatoria a figuras clave en la causa de vacunación irregular, que involucra a ex presidentes, periodistas y empresarios.
Piden indagatoria a Duhalde, Verbitsky y 30 más en ‘Vacunatorio VIP’
La fiscalía acusa a decenas de personas, incluidos ex mandatarios y figuras públicas, de participar en un esquema irregular de vacunación. La decisión de la jueza podría abrirlas puertas a una investigación más amplia en la región.
La causa del ‘Vacunatorio VIP’ y las figuras involucradas
La investigación judicial sobre el supuesto esquema de vacunación irregular, conocido como «Vacunatorio VIP», sigue avanzando en la provincia de Buenos Aires. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien supervisa el caso, evalúa si llama a indagatoria a decenas de personas, entre ellas el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, y otros empresarios y políticos locales. El escándalo, que ha generado controversia, se centra en la supuesta asignación de vacunas a personas con condiciones no médicas en el marco de una campaña de vacunación contra el coronavirus.
El fiscal Eduardo Taiano, quien encabeza la investigación, presentó una solicitud para que las autoridades indaguen a los acusados. Según el documento judicial, se han identificado más de 30 personas involucradas, algunas de las cuales residen en la zona del conurbano bonaerense, como Tres de Febrero, Mar del Plata y La Plata. «Estas personas, tanto políticas como empresariales, fueron clave en la implementación del protocolo que permitió la vacunación irregular», sostiene el Ministerio Público.
La fiscalía acusa a los vacunados de participar activamente
Según el informe presentado en la causa, los acusados no solo «aprovecharon» el sistema de distribución de vacunas, sino que «sujeto a un criterio no médico» para garantizar a sus allegados acceso prioritario. El fiscal Taiano explicó que el esquema se basó en un «acuerdo tácito» entre distintas figuras, incluidos líderes regionales y representantes de empresas privadas. «La falta de transparencia en el proceso de asignación de vacunas fue un factor clave para la ocurrencia de este fraude», destacó.
La acusación incluye la presunta manipulación de datos de salud para justificar la vacunación de personas sin enfermedades preexistentes. Además, se investiga si hubo sobornos o intercambios de favores para garantizar que ciertos grupos, como familiares de políticos, recibieran las vacunas antes que otros. El Ministerio Público destacó que este caso no solo viola normas sanitarias, sino que también «pone en riesgo la confianza de la población en el sistema de vacunación».
El impacto en la región y las reacciones locales
La noticia ha generado reacciones en el conurbano, donde muchos de los acusados tienen presencia política o económica. En Tres de Febrero, una de las localidades más afectadas, los vecinos expresaron preocupación por la posible corrupción en el sistema de salud. «Si las autoridades no actúan, el daño será irreversible», afirmó un residente en un comentario en redes sociales.
Además, la investigación ha generado debates sobre el acceso desigual a la vacunación. En la provincia de Buenos Aires, donde el esquema fue implementado, se ha denunciado que ciertos sectores de la población no recibieron la vacuna a tiempo, mientras que otros, como funcionarios, la obtuvieron de forma prioritaria. La Asociación de Médicos de la Región Sur (AMEROS) criticó el caso como «un ataque a la equidad en la salud pública».
La jueza Capuchetti, quien ha estado investigando el caso desde mediados de 2022, ha pedido información adicional sobre las relaciones entre los acusados. «Es fundamental saber si hubo una red de colaboración o si cada caso fue un acto individual», explicó en una entrevista. La resolución final podría afectar a más de 50 personas, incluidos algunos dirigentes de partidos políticos y empresarios locales.
La decisión de la jueza podría tener implicaciones profundas en la región, no solo por el escándalo de corrupción, sino también por el impacto en la confianza de la población. En la provincia de Buenos Aires, donde la investigación se desarrolla, las autoridades locales han anunciado que trabajarán en conjunto con la justicia federal para garantizar la transparencia en el sistema sanitario. Mientras tanto, las próximas semanas serán clave para definir si el esquema de vacunación irregular fue una acción individual o parte de una red más amplia.
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