La Organización Internacional de Criminalística (Interpol) alertó sobre una red internacional que recluta ex miembros de las fuerzas armadas y policiales para participar en conflictos como el de Ucrania. El esquema incluye ofertas laborales engañosas que prometen salarios elevados pero, en realidad, convierten a los reclutados en combatientes. En Argentina, la Justicia Federal de Lomas de Zamora detuvo a Griselda Inés Ortiz, una ex policía de la Bonaerense, acusada de liderar una operación que buscaba enviar a jóvenes afrontar enfrentamientos con las fuerzas ucranianas.

Ortiz, de 45 años, habría ofrecido a los jóvenes entre mil y tres mil dólares por participar en la guerra, aunque la suma era inasumible en la mayoría de los casos. La Fiscalía destacó que la oferta incluía condiciones coercitivas, como la retención de documentos personales y la imposición de restricciones sobre su libertad. El caso se enmarca en una investigación coordinada por la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que ha abordado siete operaciones similares en diferentes provincias.

La modalidad descrita por Interpol incluye la creación de contratos en idiomas desconocidos, la suplantación de identidades y la movilización de los reclutados hacia zonas de conflicto. En muchos casos, los involucrados no son informados de la naturaleza real de su labor, lo que los expone a riesgos graves. La Cancillería argentina monitorea el fenómeno desde hace meses, alertando sobre la posibilidad de que argentinos sean reclutados para actuar en ambos bandos del conflicto.

La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, donde se tramitan la mayoría de estos casos, resalta la importancia del Aeropuerto de Ezeiza como punto clave para el desplazamiento de las víctimas. Aunque el foco principal es la provincia de Buenos Aires, también se investigan casos en Tucumán y Santa Fe. La justicia advierte que el reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, como jóvenes de bajos recursos, representa una violación a los derechos humanos y un riesgo para la seguridad nacional.

La detención de Ortiz refleja el esfuerzo de las autoridades por desmantelar esquemas que pone en peligro a menores. La Procuraduría sigue monitoreando casos en múltiples provincias, mientras que la Cancillería continúa evaluando cómo prevenir la participación de ciudadanos argentinos en conflictos internacionales.