Sturzenegger propone hacer voluntarios los aportes a instituto de carne vacuna, genera polémica

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsó un anteproyecto de ley que busca convertir en voluntarios los aportes obligatorios que la cadena vacuna paga al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La medida, que entrará en vigencia el 1° de octubre de 2027, generó rechazo inmediato entre productores que consideran que la contribución es fundamental para el desarrollo del rubro.

La propuesta, incluida en el proyecto de Ley de Desregulación, establece que los productores dejarán de pagar una suma fija por cada animal faenado. Actualmente, el costo es de 1.180 pesos por unidad, una cifra que el sector considera excesiva. «Ese monto no existe», sostuvo Carlos Odriozola, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y representante del IPCVA, en diálogo con Clarín Rural. Según él, la contribución, aunque simbólica, refleja un mecanismo de control que garantiza la calidad y la promoción de la carne.

El proyecto busca redefinir el rol del IPCVA, cuyo financiamiento ha sido históricamente asumido por el Estado. La medida, que también incluye la suspensión de la recaudación por parte de Senasa y la Secretaría de Agricultura, ganadería y pesca, ha sido cuestionada por organizaciones que ven en ella una posible desinversión en el sector. «Si se vuelve voluntario, los productores dejarán de pagar», anticipó Odriozola, quien advierte que el impacto podría ser negativo en la competitividad del rubro.

El conflicto surge en un contexto de tensión entre el Estado y el sector productivo, donde la regulación ha sido un tema recurrente. La propuesta de Sturzenegger busca reducir costos, pero el rechazo del sector sugiere que la percepción de riesgo es alta. Los productores argumentan que la contribución, aunque minoritaria, es clave para promover la carne vacuna en el mercado interno y externo. La discusión ahora se centrará en cómo negociar un nuevo modelo de financiamiento que equilibre el interés público y la viabilidad del sector.

La medida generará un debate sobre el rol del Estado en la promoción del agronegocio. Mientras los productores se oponen a la pérdida de la contribución, el gobierno apunta a reducir costos y fomentar la competitividad. El escenario próximo incluye una discusión parlamentaria que podría definir el futuro del IPCVA.