Los terremotos del 25 y 27 de febrero, que sacudieron el noroeste de Venezuela, dejaron un rastro de destrucción imparable. En la zona de Tanaguarena, donde el sismo de 7.0 hundió calles y viviendas, familias como la de Edgardo López, policía y padre de un bebé, se enfrentan a la incertidumbre. «Quedé en la calle, hermano, con mis hijos», relata, mientras sostiene a su hijo en brazos. La desesperación se intensifica en comunidades donde el acceso a servicios es precario, una situación que se agrava por la crisis política y económica que ha marcado la nación durante décadas.

El Polideportivo José María Vargas, en Caracas, se convierte en un refugio temporal para más de 1300 personas. Allí, bajo carpas instaladas por el Ejército y con el apoyo de la ONU, se organizan comidas, atención médica y espacios para los niños. Sin embargo, la vida en los campos refleja un estado de excepción: las familias comparten literas, las mujeres atienden a bebés con heridas y los adultos luchan por no perder la esperanza. «Ya fui damnificada en 1999, fue demasiado», dice Eyeida García, una mujer de 52 años que perdió su casa y busca reconstruir su vida. Su historia es un eco de un país donde la vulnerabilidad se repite en ciclos.

La crisis humanitaria se agrava en un contexto de desplazamiento masivo. Según la OIM, Venezuela ha sido el segundo país con mayor número de refugiados en la región en los últimos años, un fenómeno que se intensifica ahora con la destrucción de infraestructura. Las autoridades reconstruyen centros de acogida, pero la escasez de recursos y la falta de coordinación entre instituciones limitan su eficacia. En la cancha de atletismo que sirve como dormitorio, los niños corren tras una pelota, un contraste cruel con el drama de sus padres. «Tenemos servicios de protección, de salud y de primera infancia», explica una funcionaria de Acnur, que detalla cómo se abordan los casos de adultos mayores y bebés heridos.

El impacto de los sismos trasciende el ámbito local. En la zona de impacto, la destrucción de viviendas y el colapso de redes básicas generan una crisis de acceso al agua y la energía. En la provincia de Carabobo, por ejemplo, las escuelas quedaron en ruinas, y las familias se ven obligadas a trasladarse a centros de ayuda. La respuesta del gobierno, aunque rápida, enfrenta críticas por su falta de preparación y la priorización de ciertas zonas sobre otras. Los militares han sido clave en la distribución de carpas y alimentos, pero la logística es compleja en un país donde el transporte y la distribución de recursos son desafíos constantes.

Las víctimas de la crisis son especialmente vulnerables. La cesárea de una mujer en el momento del terremoto, el trauma psicológico de los niños que presenciaron el colapso de sus casas, y la desesperanza de padres que no saben si podrán regresar a sus hogares reflejan una realidad que exige más apoyo internacional. En la región, el desplazamiento forzado ha sido un fenómeno recurrente, desde el hambre y la violencia de los años 90 hasta la crisis actual. Los sismos actuales no son solo un desastre natural, sino una consecuencia del colapso sistémico que afecta a toda la población.

Mientras las autoridades trabajan en la reconstrucción, el desafío permanece: cómo garantizar que las familias no se queden atrapadas en un ciclo de desplazamiento. La ONU y organismos como la OIM continúan con su labor, pero la escala del drama exige una coordinación regional y una inversión que vaya más allá de la emergencia. Para Eyeida García, el sueño de volver a su casa no se extingue, aunque el camino esté lleno de incertidumbre. «Ya fui damnificada en 1999, pero no dejaré de luchar», dice, mientras mira el horizonte.