La suspensión y su impacto en el sistema

El juez federal de Lomas de Zamora, Gustavo Hervás, ordenó la suspensión temporal de la ley penal juvenil, que permitía la detención de adolescentes en centros de internación. La medida, tomada tras protestas de trabajadores y organizaciones de derechos humanos, no aborda las condiciones infrahumanas en lugares como el exCREU, un antiguo centro de detención que hoy funciona como internación. Los empleados denuncian que, sin cambios estructurales, la suspensión no resolverá el problema de sobrecarga, especialmente con la posible entrada de nuevos adolescentes en los próximos meses.

Condiciones críticas en el exCREU

Según el testimonio de Marcelo Brizuela, coordinador de los trabajadores del exCREU, el lugar enfrenta una crisis de infraestructura. «No tenemos gas, no hay agua caliente, y los niños pasan noches en la calle», relató. La falta de servicios básicos ha generado un escenario de hacinamiento: en promedio, 50 adolescentes comparten espacios que están diseñados para 20. Brizuela destacó que la situación es «insostenible» y que el centro no cumpliría con las normas de protección de menores incluso si se mantuviera la ley vigente.

Reacciones de organizaciones y familias

Las protestas se intensificaron tras la noticia de que el exCREU podría recibir nuevos internos. Familias de adolescentes detenidos en el lugar se manifestaron en las calles de Lomas de Zamora, pidiendo una solución «inmediata». El grupo «Jóvenes por Justicia», que coordina acciones en la provincia, criticó la falta de planificación del sistema penitenciario. «No se puede seguir ignorando que los centros están en ruinas y los adolescentes son tratados como criminales», afirmó su líder, Laura Martínez.

Un sistema en crisis desde hace años

La situación no es nueva. El exCREU, construido en los años 80, fue cerrado en 2019 tras denuncias de abusos, pero reabrió como internación con un plan de «reeducación». Sin embargo, las obras de modernización nunca se completaron, y el lugar sigue siendo un espacio de riesgo. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia destacó que, en el 2022, el 70% de los centros de internación en la región no cumplían con los estándares mínimos de higiene y seguridad. La crisis del exCREU refleja un problema nacional: según datos del Ministerio de Justicia, el 60% de los adolescentes detenidos en el país pasan por condiciones inadecuadas.

La suspensión de la ley penal juvenil genera un intercambio de responsabilidades: mientras el gobierno negocia una solución, los trabajadores del exCREU se enfrentan a la posibilidad de recibir más adolescentes sin recursos. La crisis no solo afecta a los internos, sino a las familias que dependen de un sistema que, según las denuncias, no garantiza seguridad ni derechos. La pregunta que queda es: ¿a quién le toca pagar el costo de un sistema fallido?