La AJB exige acciones urgentes tras denuncias de violencia laboral

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) demandó al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que adopte medidas inmediatas para proteger a trabajadoras y trabajadores judiciales afectados por presuntos hechos de violencia laboral y de género atribuidos a Santiago Márquez, magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de Lomas de Zamora. Las acusaciones, respaldadas por testimonios de empleados, reflejan una situación crítica en la institución, donde la seguridad psicológica y física de los colaboradores se vuelve un tema central.

Márquez, quien ejerce funciones desde hace más de una década, está vinculado a un proceso interno de la Administración de Justicia que evalúa su conducta. La AJB destacó que las denuncias no solo afectan la integridad de los trabajadores, sino que también ponen en riesgo la credibilidad del sistema judicial. «La violencia en el entorno laboral no solo es un delito, sino una crisis de valores que debe ser investigada con rigor», afirmó un portavoz del gremio.

Un proceso administrativo y la necesidad de una indagación sexualizada

El caso se enmarca en un proceso interno que la Secretaría de Justicia inició después de recibir denuncias formales de empleados. Según fuentes del gremio, las acusaciones incluyen incidentes de acoso, discriminación y falta de respeto en el ámbito laboral, condiciones que han generado un clima de inseguridad en el lugar de trabajo. La AJB solicitó que la investigación sea «sexualizada», es decir, considerando el impacto específico de la violencia en las mujeres, una práctica que se ha adoptado en otros sectores para garantizar una respuesta integral.

El gremio también criticó la tardanza en abordar la situación, destacando que el caso no es aislado y forma parte de una tendencia nacional. En 2022, la Corte Suprema de Justicia ordenó una revisión nacional de conductas discriminatorias en el sistema judicial, lo cual ha sido un punto de discusión en las últimas semanas. «No podemos permitir que la impunidad se convierta en una norma», afirmó un integrante del sindicato, al tiempo que exigió transparencia en el proceso.

La importancia de la protección institucional y el impacto en la comunidad

El caso de Márquez ha generado una reacción en la comunidad local, donde varios ciudadanos denunciaron la falta de acciones concretas en casos similares. En Lomas de Zamora, un municipio con una población de más de 1,5 millones de habitantes, la percepción de inseguridad en el entorno judicial ha crecido en los últimos años. Un estudio de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) señaló que el 38% de los trabajadores de organismos públicos reportaron experiencias de acoso en 2023, lo que complica el entorno laboral.

La AJB llamó a los líderes políticos y judiciales a priorizar la protección de los empleados, destacando que el bienestar laboral es fundamental para la eficacia del sistema de justicia. «No se trata solo de castigar a un individuo, sino de reconstruir un entorno que respete la dignidad de todos», explicó una líder del sindicato. El gremio también señaló que el caso podría servir como precedente para otros casos similares en la provincia.

La demanda de la AJB refleja una crisis de valores en el sistema judicial y un llamado a la transparencia. Mientras se desarrolla la investigación, la comunidad de Lomas de Zamora espera que el Poder Judicial actúe con celeridad para garantizar la seguridad de sus empleados y restablecer la confianza en el sistema. La situación también resalta la necesidad de políticas públicas que aborden la violencia en espacios laborales, un desafío que trasciende la justicia y impacta directamente en la convivencia social.