Tres hombres acusados de planificar un robo a la sucursal del Banco Macro en San Isidro fueron condenados en un juicio abreviado. El tribunal les impuso penas que oscilan entre dos años y cinco meses y tres años y cuatro meses de cárcel. El juez Maximiliano Savarino, conocido por su labor en casos de alta complejidad, destacó que el delito no llegó a consumarse por factores externos a la voluntad de los imputados. El plan, que incluía la construcción de un túnel de 200 metros, fue interrumpido el 6 de agosto de 2024 cuando un repartidor detectó una varilla metálica sobresaliente en la calle Chacabuco al 400.

El hombre, mientras estacionaba su camioneta, notó la varilla que golpeaba el chasis de su vehículo. «Pará que me vas a romper la camioneta», advirtió al operario que trabajaba debajo del asfalto. Al minutos, los ruidos y el movimiento de la varilla cesaron, lo que alertó al repartidor. La denuncia fue hecha a la seguridad del banco, ubicado a pocos metros del lugar, lo que activó una investigación que culminó con la excavación de un túnel oculto. La Policía bonaerense confirmó la existencia del pasaje subterráneo, que había sido construido con fines delictivos.

Alejandro Israel Rosendo López, conocido como «Johny», fue condenado a dos años y cinco meses de prisión en su domicilio. Carlos Andrés Cazenave Peña y Nicolás Ignacio Carpani Romero, ambos uruguayos, recibieron tres años y cuatro meses de cárcel. El juez les consideró coautores de «tentativa de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda». A Cazenave Peña y Carpani Romero se les sumó el cargo de «falsificación de documento público», tras revelarse que engañaron a una inmobiliaria con identidades falsas.

La operación destacó el rol de testigos no convencionales en el esclarecimiento de delitos. El repartidor, al reconocer la actividad sospechosa, permitió la identificación del plan. La intervención policial en el lugar reveló una coordinación previa entre los imputados, que habían planificado cada detalle. La sentencia resalta la importancia de la vigilancia en espacios públicos, donde incluso gestos cotidianos pueden desencadenar investigaciones críticas. La Policía destacó que el caso reforzaría medidas de seguridad en puntos estratégicos de San Isidro.

El caso evidencia cómo la vigilancia en zonas urbanas puede detectar amenazas antes que se materialicen. La sentencia reafirma la responsabilidad de los delincuentes por actos que, aunque no culminen, generan riesgos para la comunidad.