La Unión de Trabajadores del Estado Popular (UTEP) de Quilmes anunció que evalúa acciones de fuerza en los próximos días tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dejó sin efecto la medida cautelar que sostenía el programa Volver Al Trabajo (VAT). La referente del movimiento, Laura Cibelli, señaló que el cierre del programa representa «el avance de la crueldad» y que la situación «pone en jaque a miles de familias que dependen de comedores y ollas comunitarias».

El programa, diseñado para ayudar a personas en situación de pobreza, fue suspendido temporalmente tras una orden judicial que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantenerlo. Sin embargo, el fallo de la Cámara Federal ahora permite que el Gobierno de Javier Milei avance con su decisión, mientras que la Corte Suprema podría reabrir el tema con una decisión que podría demorarse indefinidamente. Cibelli destacó que «sin la organización comunitaria, muchas cosas se caen en los barrios y quien avanza en su lugar es el narcotráfico», lo que resalta la urgencia de movilizaciones populares.

Las organizaciones sociales, incluida la UTEP, están analizando opciones de protesta como cortes de calle, piquetes y marchas en las próximas semanas. Entre las acciones previstas está la convocatoria conjunta con la CGT y las dos CTA para el 22 de julio, que servirá como primer hito de reacción al veredicto. «Hay cerca de un millón de personas que el 5 de agosto no van a cobrar», alertó Cibelli, subrayando que las medidas de fuerza deben ser «contundentes» ante la gravedad del impacto social.

El desplome del VAT se suma a la crisis económica y el aumento del desempleo, que ya presionan a las familias del conurbano. Las comunidades de Quilmes, con su red de comedores y apoyos vecinales, se encuentran en alerta por el posible corte del programa. La organización rechazó el «silencio del Estado» y acusó que la falta de respuestas gubernamentales «deja espacio para la violencia». En el barrio San Isidro, vecinos ya organizan reuniones para planificar las protestas y exigir un abordaje urgente de la situación.

El anuncio de medidas de fuerza refleja la tensión en el conurbano por la falta de respuestas al cierre del VAT. La Corte Suprema podría tomar una decisión que prolongue el conflicto, mientras que las organizaciones sociales buscan movilizar a las familias afectadas.