Volver al Trabajo se cierra: más de 900.000 beneficiarios dejarán de cobrar el beneficio

El programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a más de 900.000 personas, se encuentra en su etapa final tras una decisión judicial que puso fin a la medida cautelar obligatoria. La Cámara Federal de San Martín revocó la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había exigido al Ministerio de Capital Humano mantener la prestación hasta que se implementara una alternativa. La decisión deja sin efecto el compromiso del Estado de pagar $78.000 mensuales a los beneficiarios.

La extinción del programa se hará efectiva a partir de agosto de 2026, cuando se dejará de efectuar las transferencias bancarias. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) liquidó el último pago el 3 de julio, lo que deja solo un mes de margen antes del cierre definitivo. El Gobierno, sin embargo, no ha anunciado aún cómo reemplazará el esquema, que estaba previsto para ser sustituido por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La ministra Sandra Pettovello había prometido la iniciativa meses atrás, pero hasta ahora no se han revelado detalles sobre su funcionamiento.

El Programa de Acompañamiento Social, que brinda apoyo a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo, seguirá vigente. Aunque el Ejecutivo no ha confirmado cambios en sus condiciones, el monto actual sigue en $78.000, lo que genera inquietud entre las organizaciones que representan a quienes dependen de la ayuda. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) rechazó la decisión, señalando que la medida «abre la puerta a la precarización laboral». La organización advirtió que el cierre del programa sin una alternativa «pone en riesgo la estabilidad de miles de familias».

La transición de Volver al Trabajo a un sistema de vouchers implica un reto para el Estado, ya que la capacitación laboral requiere infraestructura, coordinación con empleadores y una evaluación de necesidades regionales. La ausencia de información detallada sobre el nuevo esquema genera desconfianza entre los beneficiarios, quienes temen que su situación no sea resuelta de forma adecuada. Mientras tanto, la decisión judicial refleja la incertidumbre que atraviesa la política laboral argentina, donde los programas de inclusión social suelen ser ajustados bajo presión institucional y económica.

El cierre de Volver al Trabajo deja a más de 900.000 personas sin una herramienta de protección laboral, y el Gobierno enfrenta la tarea de diseñar una alternativa viable antes de que el beneficio se extinga en 2026. La ausencia de detalles sobre el sistema de vouchers genera incertidumbre sobre el futuro de quienes dependen de la ayuda.