En las últimas tres semanas, la Cámara de Diputados recibió 15 proyectos y una denuncia penal vinculados a las Islas Malvinas. Desde pedidos de informes sobre el buque HMS Medway hasta iniciativas que reconocen el uso de la bandera de las islas por la Selección Argentina, los textos reflejan un abanico de posturas. El último proyecto, presentado por los diputados peronistas Guillermo Michel y Kelly Olmos, solicita al Ejecutivo que detalle las actividades de exploración de hidrocarburos autorizadas por el Reino Unido en el área circundante a las islas.

La controversia se centra en el avance de proyectos petroleros que se desarrollan sin participación argentina. Según fuentes consultadas, empresas israelíes y británicas, junto con una naviera chilena, negociaron la provisión de servicios para operaciones previstas a partir de 2028. Aunque el gobierno argentino no ha emitido declaraciones formales, la ausencia de respuestas a consultas sobre el tema ha generado críticas. «Toda actividad autorizada unilateralmente por el Reino Unido constituye un desconocimiento de la jurisdicción argentina», sostuvo Michel, quien destacó el impacto en la soberanía de la provincia de Santa Cruz.

La denuncia penal, presentada por la ex diputada libertaria Marcela Pagano, busca responsabilizar a las empresas involucradas en la explotación del petróleo en las islas. «Es tiempo de poner fin al saqueo británico», declaró Pagano, quien alega que las licencias petroleras otorgadas a extranjeros violan los derechos soberanos. La iniciativa busca penalizar a quienes, según ella, «dejan en manos de terceros los recursos naturales de NUESTRAS Malvinas».

El silencio del gobierno de Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Kourí, ha sido otro punto de debate. Analistas señalan que la falta de posicionamiento oficial refuerza la percepción de una política de «complicidad» con el Reino Unido. Mientras, el escenario legal se complejiza con la posibilidad de que los proyectos petroleros puedan avanzar sin intervención argentina, lo que alimenta tensiones en el ámbito diplomático y político.

La polarización sobre las islas se intensifica, con diputados y activistas exigiendo respuestas al gobierno, mientras el sector petrolero avanza hacia la explotación de recursos en el archipiélago. La falta de una postura clara por parte de la administración actual potencia las discusiones en torno a la soberanía y el acceso a recursos naturales.