Los presos pedían herramientas para mejorar las condiciones de higiene

Cinco internos de la cárcel federal de Coronda, en la provincia de Santa Fe, presentaron una demanda colectiva para que se les suministraran cestos de basura, escobas, palos y otros insumos de limpieza. El reclamo, que involucraba a 51 detenidos, se hizo público tras una protesta en el pabellón «E» habitacional 2 de la Unidad 36 «Dr. Eusebio Gómez». Los reclusos argumentaron que la falta de estos elementos generaba acumulación de residuos y olores en las áreas comunes, lo que ponía en riesgo su salud.

La demanda se presentó como habeas corpus y fue rechazada por el juez

La solicitud, formalizada como habeas corpus ante el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, fue tramitada por dos detenidos que coordinaron la adhesión de otros 49 internos. En la denuncia, los reclusos acusaron al jefe del Área Economato de «abuso de autoridad» y de «mal desempeño como funcionario público», al negarles los artículos solicitados. Sin embargo, el juez federal Aurelio Cuello Murúa rechazó la acción al considerar que no cumplía con los requisitos del artículo 3, inciso 2 de la Ley 23.098, que regula el procedimiento de habeas corpus en casos de condiciones inhumanas en prisión.

El juez señaló que las acusaciones eran genéricas y sin pruebas concretas

En su resolución, el magistrado destacó que la denuncia no incluía «circunstancias objetivas» que respaldaran la denuncia. Según el juez, los reclusos solo afirmaron que un funcionario había negado la entrega de los insumos, sin aportar datos específicos o testimonios que respaldaran la denuncia. Además, el magistrado destacó que la falta de elementos de limpieza no era un «hecho jurídico» que justificara el procedimiento de habeas corpus, ya que la normativa solo aborda situaciones que «agravan ilegítimamente» las condiciones de privación de libertad.

La protesta refleja una situación de deterioro en la cárcel federal

La denuncia de los reclusos revela una situación de hacinamiento y descuido en la Unidad 36 de Coronda, donde los internos enfrentan dificultades para mantener la higiene en espacios compartidos. Según fuentes penitenciarias, la cárcel ha estado bajo revisión por parte del Servicio Penitenciario Federal por irregularidades en la gestión de recursos, incluyendo la falta de mantenimiento de instalaciones. Los reclusos, al pedir herramientas básicas, resaltan un problema que no solo afecta su bienestar, sino también el funcionamiento de la institución.

El caso abre un debate sobre derechos de los presos en el sistema penitenciario

La decisión del juez ha generado críticas entre abogados especializados en derechos humanos, quienes destacan que el acceso a condiciones mínimas de higiene debe ser garantizado por la normativa vigente. «La Ley 23.098 no solo protege contra torturas, sino también contra condiciones que ponen en riesgo la salud física y mental de los reclusos», explicó una activista del área. Aunque el habeas corpus fue rechazado, el caso puede servir como precedente para futuras denuncias, ya que el juez no desestimó por completo la situación, sino que la consideró «no apta» para el procedimiento específico.

El caso sigue abierto en el marco de una investigación interna del Servicio Penitenciario Federal, que evaluará si las denuncias de los reclusos pueden ser abordadas mediante otros mecanismos. Mientras tanto, los internos continúan demandando el acceso a elementos básicos para mejorar sus condiciones de vida.