Este domingo se conmemoran ocho años del brutal crimen de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como «Gringo», cuya muerte en la madrugada del 12 de julio de 2018 marcó el inicio de un proceso judicial que ahora culmina. Cristian «Pity» Álvarez Congiu, exlíder de los grupos musicales Viejas Locas e Intoxicados, será juzgado el 10 de agosto, dos días después de su recital en Tucumán. La causa, suspendida desde marzo de 2, se reabrió tras una evaluación psiquiátrica que certificó su capacidad para afrontar el juicio.

La discusión entre Álvarez y Díaz, un exintegrante del grupo Los Gatos, tuvo lugar en el barrio Samoré de Villa Lugano. Según el relato de testigos, Díaz lo empujó y intentó agarrarlo, lo que desencadenó que el músico sacara una pistola calibre .25. El primer tiro impactó en la cara de la víctima, seguido de tres disparos más que lo dejaron muerto en un pasillo de la torre 12 del edificio Pinar de Rocha de Ramos Mejía. Álvarez escapó con su pareja en un Volkswagen Polo y abandonó el arma en una alcantarilla de la autopista Ricchieri.

El músico fue detenido el 13 de julio de 2018 y permaneció en prisión en el penal de Ezeiza, primero en el sector PRISMA y luego en libertad bajo tratamiento ambulatorio. Durante tres años estuvo en prisión domiciliaria, hasta que la Justicia lo liberó. Sin embargo, la causa quedó en suspensión en 2023 por considerar que su salud mental no permitía un juicio. La reabertura del proceso se debe a que, tras una evaluación médica, se determinó que Álvarez podía afrontar el proceso judicial.

La acusación sostiene que el crimen fue motivado por un conflicto sobre pertenencias, aunque el músico declaró públicamente: «Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo». Esta frase, que él mismo difundió, se convirtió en un símbolo del conflicto. La defensa, encabezada por Sebastián Queijeiro, alegará su estado psicológico durante el delito, pero la Justicia ha rechazado esa argumentación.

El juicio, que se celebrará en Tucumán, marcará el cierre de un proceso de ocho años y reflejará la complejidad del caso, que involucra conflictos personales, violencia y la capacidad judicial de un acusado con antecedentes de salud mental.