Manuel Adorni se convirtió en el epicentro de un debate institucional en el Congreso, tras la decisión del Senado de convocar una sesión para el 25 de junio con el objetivo de avanzar en una interpelación formal contra el jefe de Gabinete. La medida, casi sellada, generó tensiones dentro del oficialismo, donde comienzan a surgir dudas sobre la postura de los diputados aliados, clave para definir su destino.

La oposición, por su parte, mantiene una postura unida en exigir su salida, no solo por la investigación sobre supuestos enriquecimientos ilícitos, sino también por la falta de transparencia en su declaración patrimonial. Durante su exposición del 29 de abril en la Cámara baja, Adorni omitió mencionar más de 500 mil dólares en bienes que, según fuentes, hubiera adquirido mediante operaciones en bitcoin. Esta omisión, considerada una «mentira al Congreso», se convirtió en un punto central para el debate.

El Presidente Javier Milei enfrenta presión para resolver el conflicto, que acusa de afectar la eficiencia del Parlamento. Sin embargo, su decisión de mantener en el cargo al exvocero del PRO generó tensiones internas en el oficialismo, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instruyó a los legisladores para que eviten comentarios públicos sobre el caso.

Aunque el Senado avanza con la interpelación como uno de los tres test que enfrentará Adorni, el desenlace depende de la alianza interna del gobierno. Si los diputados del oficialismo se mantienen en silencio o apoyan la iniciativa, el ministro coordinador podría verse compelido a dejar el cargo, mientras que su permanencia en el poder podría derivar en un escenario de polarización institucional.

La situación de Adorni se torna un punto crítico para la estabilidad política, ya que el desenlace dependerá de la cohesión del bloque gubernamental y la capacidad del Presidente para resolver el conflicto sin dañar la imagen de su gobierno.