El ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, mantiene la custodia oficial en manos del Ejecutivo pese a haber dejado de ser funcionario activo, según confirmó el vocero presidencial Adrián Ravier. La medida, justificada como «por motivos de seguridad», no fue vinculada directamente a una denuncia de amenazas o hechos violentos, aunque el Gobierno no descartó la posibilidad de un «riesgo potencial». La decisión surge en un contexto de tensiones con la Justicia, tras dos denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano del bloque «Coherencia».

La legisladora, que ya había alertado sobre la presencia de efectivos en el entorno del country Indio Cua, acusó al ex funcionario y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de violar el ordenamiento legal. La primera denuncia, presentada en el juzgado federal n°9, apunta a peculado y malversación de fondos públicos durante su gestión. La segunda, tras constatar la presencia de Gendarmería en las adyacencias del complejo, incluye al Ejecutivo por supuesto «acoso» al ex vocero.

Pagano aportó imágenes que muestran la vigilancia en dos puntos clave: una camioneta de la Policía Federal en la calle Miro, en Caballito, y un móvil de Gendar, perteneciente al «Escuadrón Seguridad Vial Autopista Noroeste», estacionado frente al acceso del Indio Cua, en el partido de Exaltación de la Cruz. La orden de seguridad, firmada el 6 de julio, menciona «posibles hechos de alteración del orden público» como justificación.

La situación se complicó al salir a la calle la UTEP, que protestó frente al country. En ese momento, Adorni manifestó en un chat de propietarios que «iba a estar presente» en la escena, lo que generó especulaciones sobre su intención de controlar la situación. La medida de custodia, según fuentes cercanas al caso, refleja una postura de precaución en un escenario donde las acusaciones y las denuncias se entrelazan, sin resolver aún el marco legal que las sustenta.

La decisión del Ejecutivo deja en suspensión el debate sobre la legalidad de la custodia, mientras las autoridades continúan en la mira. La situación resalta las tensiones entre poderes y la necesidad de clarificar los motivos que justifican el acoso al ex funcionario.