El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, confirmó que añadió rastreadores «AirTags» a la ayuda humanitaria que envió a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. El anuncio surgió en un video publicado en redes sociales, donde explicó que los dispositivos están ocultos en cajas de pañales, agua y detergentes para garantizar que las donaciones lleguen a quienes las necesitan. «Hice esto para responder a mis ciudadanos, que hicieron un esfuerzo masivo», dijo Mizrachi, destacando que los rastreadores permiten seguir el trayecto de las cargas en distintos vuelos.

La ayuda, enviada en cooperación con organizaciones locales, incluyó insumos esenciales para comunidades afectadas por los sismos en La Guaira y Maturín. Mizrachi mencionó que pudo localizar cuatro dispositivos en La Guaira y uno en Maturín, ubicada a 531 kilómetros de la zona epicentral. Sin embargo, señaló que no ha detectado actividad con el tag que permanece en esa ciudad, lo que generó especulaciones sobre su destino. «No soy experto en geografía venezolana», reconoció, admitiendo que la falta de información complica su análisis.

El alcalde destacó que las «distintas interpretaciones» sobre la ubicación de los rastreadores reflejan la tensión política en la región. «En el ámbito político siempre hay conspiración», afirmó, rechazando malinterpretaciones. Prefirió asumir la postura más benevolente, como si un desplazado hubiera recibido la caja con el dispositivo y la hubiera llevado a Maturín. «Si no pensara bien, no estuviéramos mandando otro avión con 18 toneladas de ayuda», concluyó, anticipando una nueva entrega.

Mizrachi enfatizó que la transparencia es clave para ganar confianza en un contexto donde las donaciones humanitarias suelen ser cuestionadas. Su acción, sin embargo, no resuelve la complejidad de los desafíos logísticos y geopolíticos en Venezuela. La falta de datos sobre el tag en Maturín sigue siendo un punto incierto, mientras que la comunidad internacional observa con atención el uso de tecnología para garantizar la entrega de ayuda en un país con múltiples barreras.

La decisión de Mizrachi pone de relieve las dificultades para monitorear la distribución de bienes en contextos de crisis, donde la transparencia y la confianza son vitales. Sin embargo, el desafío persiste: los rastreadores, aunque útiles, no aseguran que la ayuda llegue exactamente a quienes la necesitan, especialmente en zonas con escasez de información.