Reducción y cursos en prisión como base de la decisión

Daniel Lagostena, condenado a 22 años de prisión por el homicidio de su pareja Érica Soriano en 2010, fue beneficiado con una reducción de un año y tres meses tras acreditar talleres y estudios en la cárcel. La medida fue dictada por el juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino, quien consideró que los cursos universitarios y talleres de cocina, electricidad y otros temas contribuyeron al «estímulo educativo». La decisión, tomada en la Unidad Penitenciaria de Olmos, se suma a la compleja trayectoria del caso, donde la familia de la víctima sigue sin aceptar la reducción.

Familia cuestiona la legitimidad del beneficio

La familia de Érica Soriano apeló la resolución del juez, afirmando que los cursos no justifican la reducción. El abogado de la querella, Marcelo Mazzeo, argumentó que el estímulo educativo está destinado a quienes buscan reeducarse o reconocer su responsabilidad, no a un hombre que sigue ocultando el destino de la víctima. «Lagostena siempre pidió beneficios, pero ahora se lo conceden en un criterio poco feliz», sostuvo. Según el expediente, el acusado completó una Tecnicatura Superior en Industria Textil, materias del Profesorado y la Licenciatura en Sociología, así como talleres de programación y braille. Sin embargo, la familia considera que esos avances no resuelven el principal interrogante del caso: el paradero del cuerpo de la mujer.

El crimen y el impacto en la comunidad

El crimen de Érica Soriano, una mujer embarazada de su hijo, conmocionó el conurbano bonaerense en 2010. La investigación reveló que Lagostena la asesinó luego de una discusión, aunque el paradero de sus restos sigue siendo un misterio. El caso, marcado por el silencio del acusado, generó una polarización en la comunidad. Familiares, vecinos y activistas locales han exigido transparencia y justicia, mientras que algunos defienden la necesidad de seguir investigando. La reducción de pena, aunque legal, profundiza las tensiones entre quienes defienden el derecho a la educación en prisión y quienes priorizan la responsabilidad del delito.

La decisión judicial sigue en manos de la Cámara en lo Penal, donde se espera un análisis final sobre si el beneficio es válido. Mientras tanto, el caso sigue siendo un punto de discusión en la zona, donde el balance entre derechos penitenciarios y justicia social sigue siendo un tema abierto.