La reorganización ministerial marcó un giro en la gestión del Estado argentino, centralizando funciones clave bajo la Jefatura de Gabinete. Esta decisión refleja una estrategia de simplificación institucional y mayor control central en la administración pública.
Argentina elimina Ministerio del Interior y concentra funciones en Jefatura de Gabinete
El gobierno de Javier Milei aceleró reformas estructurales al suprimir el Ministerio del Interior y trasladar sus responsabilidades a Diego Santilli. La medida, oficializada mediante el DNU 571/2026, busca optimizar la coordinación federal y provincial.
El Ministerio del Interior fue eliminado oficialmente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 571/2026, publicado el 1 de julio de 2026 en el Boletín Oficial. Su función pasó a manos de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, quien asumió la coordinación de temas como relaciones con gobernadores, descentralización del Estado, Registro Nacional de las Personas (Renaper) y políticas federales. La decisión refleja un enfoque centralizado para simplificar la gestión pública.
La reorganización absorbió áreas que antes eran responsabilidad del ministerio, como el régimen electoral, el turismo, el ambiente y las fronteras. Además, se crearon dos cargos nuevos: el Vicejefe de Gabinete y el Vicejefe de Gabinete del Interior, nombrados Guillermo Devitt y Gustavo Coria, respectivamente. Esta medida redujo el número de carteras nacionales a ocho, manteniendo a Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y otras instituciones clave.
Milei justificó la reforma como una necesidad de gestión, enfatizando la importancia de la coordinación con los gobernadores. Santilli, hasta hace poco ministro del Interior, fue elogiado por su conocimiento político, lo que refuerza el enfoque de centralización. La medida resalta el deseo del gobierno de redefinir la relación federal, priorizando eficiencia y control institucional.
La reorganización marca un cambio en la estructura estatal, priorizando la centralización como herramienta para reducir redundancias. Sin embargo, su impacto en la colaboración provincial y la efectividad de políticas públicas dependerá de cómo se implemente el nuevo marco. La reducción de carteras y la concentración de funciones podrían acelerar decisiones, pero también plantean desafíos en la distribución de responsabilidades y la participación de las provincias en procesos clave. La reforma refleja una visión de Estado más vertical, alineada con los objetivos de simplificación y control que ha defendido el gobierno desde su llegada al poder.
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