El cuerpo de Graciela Martínez, de 54 años, fue encontrado enterrado en el fondo de su vivienda en Castelar, una zona de Morón, tras una excavación realizada por vecinos. Según el informe forense, la abogada y exconcejal falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, causado por una herida punzocortante en el cuello. La lesión, ubicada en la zona posterior del cuello, provocó una pérdida intensa de sangre que impidió que el corazón bombee fluidos al resto del cuerpo, llevando a la parálisis de los órganos vitales.

El principal acusado en el caso es su hijo, Carlos Ignacio C.M., de 25 años, quien fue detenido previamente por intentar asesinar a su padre, Carlos Costa, un hombre de 89 años que resultó herido en el incidente. Según la fiscalía, el acusado aún no ha declarado en la causa por homicidio agravado por el vínculo, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad. La pena máxima prevista para este delito es prisión perpetua.

La hipótesis de los investigadores apunta a que Martínez fue atacada por la espalda en su hogar, donde su cuerpo fue ocultado en una bolsa de consorcio dentro de un pozo. La tierra removida en el lugar del hallazgo sugiere que el crimen fue planificado con cierta discreción. Los vecinos de la zona, que habían denunciado extrañas actividades en la propiedad, señalan que el entierro del cadáver fue un acto deliberado. La policía continúa indagando sobre las motivaciones del caso, que aún no tiene una explicación clara.

El caso ha generado conmoción en la comunidad por el vínculo entre el delito y la familia de la víctima, quien había ejercido cargos públicos. La fiscalía destacó que el acusado enfrenta dos delitos graves: el homicidio de su madre y el intento de asesinato contra su padre. La audiencia de control, programada para próximos días, determinará si se agiliza la prisión preventiva. Mientras tanto, el entorno familiar sigue bajo investigación por su vinculación con los hechos.

El caso continúa bajo el ojo de la fiscalía, que busca esclarecer los motivos del crimen y su relación con la violencia familiar. La posible condena a prisión perpetua para el acusado resalta la gravedad del delito, mientras que la comunidad sigue en tensión por el impacto del incidente en la zona.