El fallo judicial pone fin a la posibilidad de incumplimiento

La Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III resolvió este martes que la apelación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la medida cautelar fue considerada abstracta. La Corte Suprema había rechazado en junio el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, lo que dejó sin argumentos legales para mantener la suspensión. Con este fallo, la cautelar —que obliga al gobierno a ajustar salarios de docentes y no docentes, así como actualizar becas— vuelve a ser ejecutable.

Universidades celebran el avance y preparan la ejecución

El abogado Pablo Manili, defensor de las universidades nacionales en la demanda, afirmó que «ya podemos ejecutar la cautelar que el Gobierno sigue sin cumplir». Según el documento presentado, el expediente será remitido a primera instancia para que se implemente plenamente, sin obstáculos que el Estado hubiera intentado interponer. «El fallo de Cámara significa que mañana mismo vamos a presentar la ejecución», destacó Manili. Las universidades consideran que la decisión es clave para garantizar derechos alimentarios a más de 1,9 millones de estudiantes y a docentes que enfrentan cuestiones salariales.

Un contexto legal complejo que lleva a esta decisión

La disputa judicial comenzó cuando las universidades presentaron una demanda por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), que establece el incremento salarial y la revisión de becas. El gobierno había intentado frenar su aplicación, argumentando que no se cumplían ciertos requisitos legales. La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario que intentaba suspender la cautelar, lo que cerró el camino para que el fallo de la Cámara se convierta en un mandato vinculante. La decisión se suma a una serie de fallos anteriores que favorecieron al sector universitario, tras más de dos años de lucha judicial.

El anuncio del Ejecutivo podría ser el siguiente paso, pero las universidades ya anticipan que la aplicación de la cautelar será inminente. La medida afecta directamente a más de 266 mil docentes y 65 mil no docentes, además de los estudiantes que dependen de becas. La resolución judicial pone de relieve la importancia de los derechos de carácter alimentario en el ámbito educativo.