La causa Seguros, que se encontraba a punto de ser llevada a juicio oral, se ha visto afectada por una nueva estrategia judicial: la propuesta de una pericia contable que analizará 100 puntos relacionados con las comisiones cobradas por Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente y figura clave en los contratos de seguros. La decisión busca ganar tiempo en una investigación que, hasta ahora, no ha encontrado pruebas suficientes para condenar a los imputados.

Martínez Sosa, quien fue pareja de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, está al centro de las acusaciones por haber beneficiado directamente de las comisiones de los contratos otorgados a Nación Seguros. Según el procesamiento, el ex presidente firmó el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios a contratar seguros con esa empresa, generando un volumen de negocios que permitió a los brokers acceder a comisiones de hasta el 60% de los contratos.

La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, reclamó ante la Cámara Federal una revisión de las medidas de prueba aplicadas durante el proceso. La Cámara de Casación, que no se pronunció sobre la culpabilidad del ex mandatario, ordenó reevaluar el caso, lo que ha generado un retraso en la agenda judicial. El juez Ariel Lijo, quien sigue la causa, tendrá la última palabra sobre si la pericia contable se convierte en un factor decisivo para resolver el conflicto.

La propuesta de analizar 100 puntos en la pericia contable, una medida poco habitual en casos penales, refleja una estrategia para diluir la complejidad de los hechos y evitar una sentencia definitiva. Sin embargo, la corte ha dejado abierta la posibilidad de que el juicio oral se reanude una vez que se resuelva el debate legal. El escenario, por ahora, parece orientado a mantener la investigación en suspense, sin dar una conclusión clara sobre la responsabilidad de los acusados.

La decisión de incluir una pericia contable con 100 puntos podría prolongar la resolución de la causa Seguros, lo que retrasa una posible sentencia. La estrategia de los imputados, sin embargo, no ha logrado desmontar las acusaciones de negociaciones incompatibles, pero sí ha generado un escenario de incertidumbre que afecta el calendario judicial. La corte sigue vigente en la determinación de si el ex presidente deberá responder por sus actos.