La mujer, de 25 años, fue condenada por su participación en el «plan criminal» que se desató en marzo de 2024 en el barrio cerrado de Fuerza Aérea al 4200, donde vive la familia del futbolista. La Justicia la vinculó a amenazas coactivas calificadas, intimidación pública agravada y tenencia ilegítima de arma de fuego. La resolución del juez Lisandro Artacho confirmó la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, tras un acuerdo entre la fiscal Paula Barros y la defensa de Gutiérez.

La detención de la joven ocurrió dos días después del incidente, en un operativo policial que la ubicó en un departamento de alquiler en el centro de Rosario. En ese momento, la Policía Federal la encontró en posesión de una pistola calibre .38, aunque las autoridades no confirmaron si estaba armada durante la balacera. Según la investigación, el plan fue organizado por un sector de la barra brava de Newell’s, motivado por rumores de que Di María podría regresar al Rosario Central, su club de origen.

El episodio se enmarcó en un contexto de tensiones internas dentro de la barra, donde grupos rivales competían por el liderazgo. La Fiscalía destacó que la intimidación buscaba «fortalecer el peso de los líderes dentro de la i» (la frase se corta en el texto original). Las cámaras de seguridad captaron a Gutiérez y su primo, Pablo Acotto, en un Renault Megane que circulaba frente al country, minutos antes de los disparos al aire. Acotto fue arrestado días después por sospechas de comercio de estupefacientes.

La condena refleja la gravedad del delito, ya que el uso de armas de fuego en actos intimidatorios amplía las penas. La familia de Di María no se pronunció públicamente, pero fuentes cercanas indicaron que el incidente generó un impacto significativo en el distrito de Rosario, especialmente en sectores donde la barra brava tiene presencia.

El caso pone de relieve las tensiones entre grupos de la barra brava y la complicidad de individuos en actos de violencia. La condena de Gutiérez marca un precedente en la región, donde los delitos vinculados a la violencia armada son juzgados con severidad. La investigación continúa en busca de otros involucrados en el plan, que se vincula a conflictos internos de la barra de Newell’s.