**Constitucionalistas cuestionan la legalidad del DNU**

El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que permite expulsar a extranjeros que emitan mensajes de odio contra argentinos, ha generado críticas en sectores políticos y jurídicos. Abogados constitucionalistas aseguran que el Ejecutivo no respetó las reglas de la Constitución al aplicar la facultad legislativa sin circunstancias excepcionales. «El Presidente no quiere esperar el proceso normal de ley y lo ejerce directamente. Es inconstitucional», afirmó Félix Lonigro, quien destacó la ausencia de causales para habilitar el DNU. Andrés Gil Domínguez, otro constitucionalista, comparó la medida con «el avasallamiento del Congreso» y acusó al gobierno de imitar prácticas de regímenes autoritarios.

**Legisladores señalan el impacto en la agenda migratoria**

La diputada nacional Florencia Carignano, exdirectora de Migraciones, criticó la norma al señalar que si otros países aplicaran un régimen similar, Milei «no podría ingresar en varios». Enumeró países como Brasil, España, Chile y México como ejemplos, destacando el paradoja de que un gobierno que promueve un «discurso de odio» ahora lo castiga. «Lo irónico es que sea un gobierno que convierte los mensajes de odio en política de estado», escribió en su perfil de X. La crítica se enmarca en un contexto donde la política migratoria ha sido un tema de discusión desde el inicio del mandato, con debates sobre la seguridad nacional y la inclusión social.

**El debate sobre derechos y seguridad**

La norma generó tensiones entre los partidarios de una política migratoria más rígida y defensores de los derechos humanos. Aunque el gobierno argumenta que el DNU busca combatir la violencia y el discurso de odio, críticos denuncian que la aplicación de sanciones como la expulsión puede afectar a grupos vulnerables. En el ámbito internacional, la medida ha sido vista como una forma de reprimir críticas, lo que alimenta el debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales. El tema se agrava en un contexto donde la gestión migratoria es clave para la agenda política del país, con posibles impactos en el desarrollo social y económico.

La controversia alrededor del DNU refleja un conflicto entre la necesidad de regular la migración y los límites constitucionales. Mientras el gobierno defiende la acción como necesaria para proteger a la comunidad, la oposición y expertos advierten que la medida podría tener consecuencias inesperadas. El debate continúa en las instancias legislativas y en la opinión pública, con un impacto potencial en la percepción de la gestión migratoria del presidente.