El decreto 690 y la disputa por los puertos

El decreto 690/26, suspendido por el gobierno argentino, modificó el régimen de practicaje, pilotaje y movilidad en ríos y puertos compartidos. La medida permitió que operadores y armadores contraten directamente a prácticos habilitados, incluyendo extranjeros, lo que generó una protesta colectiva de 536 profesionales argentinos. La Prefectura los intimó a retomar las labores, pero la situación se complicó cuando la norma entró en vigencia, dejando en espera entre 140 y 150 buques en zonas de alto tránsito del Paraná, Río de la Plata y canales marítimos.

El impacto en Uruguay y el sur de Brasil

La crisis afectó especialmente a Uruguay, donde los puertos ya estaban en conflicto con la norma. Desde el Ministerio de Transporte uruguayo se denunció que el decreto argentino alteró el marco legal de los ríos compartidos, generando retrasos en la operatoria de buques que buscaban atracar en Argentina. La consecuencia fue una redistribución del tráfico: los buques que estaban programados para llegar a Buenos Aires o La Plata se reubicaron hacia el Puerto de Montevideo y zonas portuarias brasileñas como Santos y Rio Grande. En Montevideo, el volumen de operaciones creció en un 30%, según informes de la Corporación Uruguaya de Prácticos, que alertó sobre la vulnerabilidad de la logística regional.

La protesta y la respuesta institucional

La protesta de los prácticos argentinos se intensificó desde el sábado, cuando el decreto entró en vigencia. Aunque el gobierno argentino lo suspendió el lunes, la incertidumbre dejó en el aire la posibilidad de nuevas interrupciones. La Corporación Uruguaya de Prácticos ya había enviado una nota formal a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para advertir sobre los riesgos del cambio normativo. En la CARP, se espera que se convoque una reunión urgente para resolver el conflicto, ya que el desorden afecta no solo la logística de Argentina, sino también la integración regional en la cuenca del Paraná.

La situación resalta la interdependencia de los puertos compartidos y la necesidad de acuerdos entre Argentina y Uruguay. Según datos del Ministerio de Transporte argentino, la congestión provocó retrasos de hasta 72 horas en el traslado de carga. La tensión sigue en ascenso, con el riesgo de que el conflicto afecte aún más la cadena logística en la región.

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