Esteban Delgado, de 51 años, fue detenido en San Lorenzo, Santa Fe, tras ser encontrado a menos de 300 metros de la vivienda de sus hijas, una de las cuales es víctima de abusos sexuales. La medida se tomó por incumplir una restricción de acercamiento impuesta por el Juzgado de Familia. Según fuentes judiciales, la liberación del acusado ocurrió por una falla administrativa en la Fiscalía Regional 2, que no extendió el plazo de la prisión preventiva.

El error judicial se produjo durante una reorganización interna de la Fiscalía, que derivó en el traslado del expediente del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero al fiscal Javier Paz. Cuando Delgado fue imputado en diciembre de 2024, se estableció una prisión preventiva hasta diciembre del mismo año. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones redujo el plazo a junio. La notificación de la prórroga fue omitida, permitiendo que la defensa solicitara su libertad. El juez Ariel Cattáneo ordenó la excarcelación el 3 de julio pasado.

La decisión generó polémica en Santa Fe, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación interna para esclarecer el motivo de la no presentación del pedido de prórroga. Ahora, a 20 días de su liberación, el acusado fue detenido nuevamente tras violar la perimetral. El fiscal Paz solicitó la medida luego de la denuncia presentada por el incumplimiento de las reglas de conducta. «Mi cliente no tiene que estar pasando por esto. Es una falla inaceptable del sistema», expresó Gabriel Filippini, abogado querellante.

El caso resalta las grietas en el funcionamiento de los sistemas judiciales y la vulneración de derechos de víctimas. La familia de las víctimas denunció la falta de controles en el proceso. Las autoridades ahora deben garantizar que las medidas de protección no se vean afectadas por errores administrativos. La situación deja en evidencia la necesidad de mecanismos más robustos para evitar que casos graves se resuelvan con fallos que priorizan la formalidad sobre la justicia.

La detención de Delgado resalta la complejidad de casos donde errores procesales afectan la seguridad de víctimas. La Fiscalía Regional 2 sigue investigando la causa del error judicial, mientras que las autoridades localizan al acusado en una vivienda cercana a las víctimas, reafirmando la gravedad de su situación.